VALÈNCIA. Los valencianos se preocupan menos por la corrupción y más por la sanidad y educación. Así se desprende del Barómetro de Consell presentado este martes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra. Sin embargo, algunas de las políticas clave de la legislatura de Carmen Montón y Vicent Marzà han sido relegadas por los encuestados a la cola de las prioridades sus consellerias.
Los 2.016 encuestados nombraron sus tres prioridades en cada materia y, en el área de Sanidad, precisamente los temas más sonados y que con más vehemencia ha defendido Montón no aparecen en las primeras posiciones. La prioridad más mencionada es la reducción de las listas de espera, seguida de la contratación de más profesionales sanitarios, de la reducción del coste de medicamentos para los pacientes y de la dedicación de más recursos a la prevención de enfermedades.
En el penúltimo puesto aparece la construcción de más centros de salud y hospitales mientras que cae a la última prioridad la reversión de los conciertos sanitarios, que tan solo un 16,8% de los encuestados ha considerado una de las tres prioridades principales entre las políticas sanitarias. Cabe recordar que se trata de una de las medidas más enarboladas desde la conselleria -la vuelta de los cincos departamentos con gestión público-privada a la gestión pública- y que empezará a ser una realidad el 1 de abril de 2018 con el Hospital de La Ribera. Sin embargo, los encuestados no lo perciben como un problema esencial a resolver, a la espera de que cuando se abran los detalles del sondeo se refleja alguna otra tendencia territorializada de estas prioridades.
En el área de Educación, la primera de las prioridades señaladas ha sido uno de los temas que más preocupación ha generado en los últimos años: las tasas universitarias, por la que el 68,4% de los encuestados consideran una prioridad la reducción. Ésta se encuentra seguida de la contratación de más profesores y de aumentar la enseñanza en inglés, que aparece en tercera posición con un 49,3% de interés mientras que la enseñanza de valenciano ha sido relegada a último puesto con un 14,4%.
Tras aumentar la enseñanza en inglés aparece la prioridad de incrementar la oferta de colegios públicos, seguido de la construcción de más centros escolares, dos medidas por las que el departamento de Vicent Marzà ha mostrado interés al querer generar un mayor parque de educación pública que el que encontraron en su llegada al Gobierno.
Respecto a la política social, la prioridad más mencionada por los encuestados ha sido la de reforzar las ayudas para las personas empobrecidas. Como segunda aparece una de las medidas que afectan a más población de la Comunitat Valenciana y es el dedicar más medios para agilizar la atención de dependientes. A este le sigue el destinar más recursos a los centros de mayores, destinar más recursos a la lucha contra la violencia de género y reforzar políticas de igualdad. Por último, y con un 35,7%, se encuentra el dedicar más recursos a las políticas de la infancia.
En Justicia, el 79,2% de los encuestados muestran como prioridad la reducción de los costes de la justicia y de ahí baja sustancialmente a un 46,8%, que señala las oficinas para la atención a las víctimas del delito. Como tercera prioridad aparece la construcción de más juzgados y la reforma de los existentes, seguido del impulso de la mediación como mecanismo para la resolución extrajudicial de conflictos. En quinto lugar se menciona la prioridad de pagar más a los abogados de oficio y por último el compromiso con la memoria histórica y dignificación de las víctimas de la guerra civil.
Para el departamento de Vicent Soler, el 72,8% de los encuestados está de acuerdo en que la reducción de las trabas administrativas debe ser una de las tres primeras prioridades. A las prioridades para la Conselleria de Hacienda le sigue ofrecer préstamos a las pymes, facilitar el acceso a las ayudas europeas para proyectos empresariales, crear una banca pública, aumentar la progresividad del sistema fiscal y por último el impulso de la administración electrónica.
En materia de Economía, el 74,9% de los encuestados señala como prioridad el favorecer la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Ésta es seguida por mejorar las políticas de formación para la ocupación, la mejora del funcionamiento de los servicios públicos de ocupación, dar soporte a los sectores industriales valencianos tradicionales, dar soporte al desarrollo de nuevos sectores económicos y por último promover la sostenibilidad social y medioambiental de la actividad económica, a pesar de que se considera uno de los aspectos esenciales en la política del departamento de Rafael Climent.
En el área de Agricultura, el 71% de los encuestados ha mencionado como prioridad la lucha contra la sequía, seguido por el impulso de las medidas de prevención de los incendios forestales, dar soporte a la agricultura tradicional valenciana, el desarrollo de políticas para luchar contra el cambio climático, promover el desarrollo del mundo rural y por último incentivar los cultivos ecológicos.
En materia de Transparencia, la primera prioridad es la mejora de la transparencia de la acción del gobierno valenciano y de los efectos de sus decisiones, con un 61,5%. Seguido se encuentra el mejorar la atención a la ciudadanía, favorecer la participación de la sociedad valenciana en las decisiones del Gobierno valencianos, adoptar medidas que favorezcan la responsabilidad de las empresas, destinar más recursos a las políticas de desarrollo y por último la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.
Por último, para el departamento de MªJosé Salvador, los encuestados han manifestado como prioridad en un 67% el otorgar ayudas al alquiler de viviendas, seguido de promover el transporte público, proteger y mejorar las costas, construir nuevas carreteras y mejorar el Estado de las existentes, favorecer la sostenibilidad del desarrollo urbano y por último ampliar la red de itinerarios de vías para bicicletas a lo largo del territorio valenciano.
Respecto a las actuaciones que ha llevado a cabo el ejecutivo autonómico, entre el 60% y el 70% de los encuestados no conoce la gratuidad de la enseñanza a menores de 0 a tres años ni los programas para fomento del Empleo, la puesta en marcha de la nueva red de oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito o el plan para acelerar la construcción de colegios.
No obstante, casi el 60% tiene constancia de la eliminación del copago, el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista o el Programa de gratuidad de libros de texto 'Xarxa Llibres'.