VALÈNCIA. Elige tu propia aventura. No contar con un plan uniforme y consensuado entre festivales, consumidores y administraciones públicas está provocando situaciones particulares en cada uno de los eventos que vendieron entradas antes del Estado de Alarma provocado por el coronavirus y que aún no se han podido celebrar. Ante ello, cada promotora está ofreciendo diferentes soluciones, desde celebrar una versión reducida de sus propuestas, hasta retrasar la celebración a este mismo otoño o dejar un margen de un año.
En este sentido, la legislación de protección de la seguridad jurídica de las empresas y los consumidores tiene casi una biblia concreta: la ley 11/2020, aprobada en el mismo mes de marzo del confinamiento. En ella, se establece un periodo de 60 días para que las empresas que no puedan ofrecer el servicio contratado por la crisis sanitaria acuerden con el cliente una solución alternativa al reembolso del dinero, como un bono o cualquier tipo de acuerdo bilateral de buena fe que sea aceptado por ambas partes. En caso de que la negociación no se resuelva, la empresa tiene que devolver el dinero en 14 días.
Así ha sido el modus operandi de muchos de los macrofestivales hasta ahora: si se han cancelado, se ha ofrecido guardar la entrada hasta que lo puedan hacer (previsiblemente, el año que viene) o pedir el reembolso de lo gastado. Fuentes ligadas a empresas promotoras, calcularon el año pasado un retorno de cerca de un tercio de las entradas. Es decir, que dos terceras partes de las personas que las habáin comprado decidieron mantenerlas con las esperanzas de acudir al festival este 2021, algo que -en la mayoría de casos- será imposible. Este año, se ha ofrecido lo mismo, aunque previsiblemente las empresas contaban con un mayor demanda de devolución del dinero, si bien ahora mismo no se puede ofrecer ningún supuesto porque la mayoría de procesos están ahora mismos abiertos.
En todo caso, el Spring Music Festival, un evento que se posicionó para sustituir a las paellas universitarias, aunque con un formato diferente, ha abierto una nueva puerta: la de no devolver el 100% del importe de la entrada. Se acogen así al artículo de 36.2 de la misma ley 11/2020, que dice, literalmente: “En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario”.
La literalidad de esta orden permitiría a los macrofestivales a descontar y hacer asumir a las personas que gastaron su dinero antes de marzo de 2020 un porcentaje que dependería de los gastos que cada promotora hubiera comprometido y efectuado aunque finalmente no se realizara ningún evento. En el caso del Spring Music, cuya entrada costaba unos 15 euros, la empresa ha descontado al reembolso cerca del 16% del importe, lo que supone algo más de 3 euros. Según explica la empresa a Culturplaza, “ese descuento está calculado y desglosado y no se ha querido descontar todo lo que se hubiera podido”. La alternativa que da la empresa es recibir un bono por valor del 100% de la entrada pero que solo serviría para gastar en los eventos que promuevan en los próximos 18 meses. Entre los planes de la empresa entraría -si es posible- celebrar el Spring Music el año que viene y “otros eventos gastronómicos” que ofrecerán a las personas que han tomado esta opción. Este movimiento cuenta, según explica la empresa promotora, que el respaldo jurídico.
Y en efecto, al contrastar esta posibilidad con la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, su secretario general, Vicente Inglada, confirma que se ajusta a la literalidad de la ley, si bien desde su organización opinan que “se trataría de una práctica abusiva que penaliza a quien reclama su derecho a la devolución de la entrada, ya que quien mantiene el bono no sufre ningún tipo de descuento”. En este sentido, desde la Unió de Consumidors ya han tenido que gestionar varias reclamaciones a partir de este supuesto, sobre todo en casos relacionados con viajes contratados.
Inglada explica que “por la propia dinámica de las empresas promotoras, necesitan mantener una liquidez que la reembolso masivo de las entradas dificulta”, pero que -en todo caso- ese aspecto no debería ir en contra del propio consumidor. Finalmente, explica que la ley sí contempla estas prácticas, aunque tiene que estar muy bien justificada porque, ante una reclamación, podría ser considerada abusiva. Desde el Spring Music se asegura que se está gestionando individualmente cada caso y que, hasta ahora, “no ha habido ningún tipo de queja”, algo “lógico” cuando la entrada tiene un precio tan ajustado y la pérdida para el consumidor es minúscula.
Sin embargo, este supuesto abre una puerta a que otros festivales con una entrada más cara puedan reproducir este modelo. Cabe recordar que ya en 2020, las promotoras pidieron declarar la causa por fuerza mayor para la cancelación de sus eventos y así flexibilizar las condiciones de devolución de las entradas, al igual como pidieron regular un sistema de “reventa solidaria” por el que el consumidor recibirá el reembolso cuando el festival pudiera revender su entrada a otras persona y no antes. Ahora, cuando se están pudiendo celebrar ciclos y conciertos, las promotoras han optado por crear alternativas con las que generar nuevos ingresos a la espera de volver a la normalidad.
