MADRID (EP). El Gobierno estadounidense fue el que puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos cometidos por Duro Felguera en Venezuela, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la investigación. La denuncia estadounidense está en el origen de la querella presentada por el brazo del Ministerio Fiscal contra la compañía, su presidente, Ángel Antonio del Valle Suárez, y su consejero delegado, Juan Carlos Torres Inclán, por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.
En concreto, la Embajada estadounidense en Venezuela transmitió a Anticorrupción toda la información que obraba en su poder, incluyendo los indicios y pruebas de que disponía, sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por los directivos de Duro Felguera, como sobornos a políticos venezolanos, como medio para conseguir contratos en el país.
El proceso deriva de la investigación a la Banca Privada de Andorra (BPA) y a su filial Banco Madrid en 2015. La Financial Crime Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero dependiente del Tesoro de Estados Unidos, acusó a la dueña del Banco Madrid de realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las líneas de financiación, lo que derivó en la caída de Banco Madrid. Entre la documentación revisada en Banco Madrid aparecían una serie de pagos en cuentas de dirigentes venezolanos vinculados a los nombres de Antonio del Valle y Juan Carlos Torres.
Tras contrastar los informes recibidos y ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido querellarse contra la ingeniería y sus dos principales directivos por presuntos delitos de corrupción y blanqueo, tras detectar pagos por comisiones y sobornos a políticos venezolanos. Asimismo, un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del Banco Madrid, del que eran clientes los políticos sobornados.
En el texto de la querella, el Ministerio Fiscal acusa a Torres y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y 2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.
Fuentes financieras consultadas por Europa Press creen que este asunto derivará en la salida del actual presidente de Duro Felguera una vez se capitalice la compañía y se asegure su viabilidad. De hecho, el mismo directivo se habría comprometido con los bancos acreedores (Santander, Popular, Caixabank, Sabadell, Bankia y BBVA) a dejar el cargo en cuanto la compañía esquive la quiebra y logre su supervivencia.
La banca acreedora de Duro Felguera ha acordado con la dirección de la compañía prorrogar el acuerdo de espera ('standstill'), que inicialmente expiraba el 30 de septiembre, hasta el 31 de enero de 2018, al objeto de dar oxígeno a la firma para poder sortear la inviabilidad. Los bancos han puesto encima de la mesa 31 millones en avales para que la firma asturiana pueda seguir con su actividad y el cobro de las nóminas por parte de los empleados esté garantizado.
Este nuevo plazo de espera daría más tiempo a la compañía para impulsar los proyectos en marcha y negociar con posibles interesados en su adquisición. Ingenierías como Elecnor o TSK figuran en las quinielas para hacerse con Duro Felguera, además del gigante chino de la construcción China State Construction Engineering (CSCEC) o el fondo de inversión británico Bybrook.
La exposición total de la banca a Duro Felguera, incluidos avales, asciende a 1.068 millones. El banco que preside Ana Botín es el líder indiscutible del 'pool' bancario, al acumular un 54% del riesgo financiero de la empresa.
La histórica cotizada asturiana pasará a las arcas públicas tras el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que inyectará 120 millones de euros en sus cada vez más necesitadas arcas
