Elena Cebrián. Foto: MARGA FERREREl Ministerio Público ha abierto Diligencias de Investigación Penal (DIP) en las que se investiga también al secretario autonómico y al director general de Agricultura. La Conselleria asegura que son contratos legales
VALÈNCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto Diligencias de Investigación Penal (DIP) contra la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián; el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y el director general de Agricultura, Rogelio Llanes. Todo ello a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) por encomiendas de gestión suscritas por la Conselleria con la empresa Tragsa.
La investigación es por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito fiscal. Estas DIP afecta a políticos de los dos partidos del Pacto del Botánico, ya que Cebrián fue designada por Compromís, aunque es independiente, mientras Mulero y Llanes lo fueron a propuesta del PSPV.
Según la documentación a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, la Fiscalía lleva investigando a la consellera desde el pasado mes de noviembre y ha habido una ampliación de la denuncia en febrero que se ha unido a las pesquisas ya abiertas por el Ministerio Público.
Además de a la cúpula de Agricultura, la denuncia también implica y va dirigida contra todos aquellos funcionarios públicos que firmaron las contrataciones sabiendo -según los denunciantes- que no era legal.
La denuncia presentada por el sindicato USO versa sobre las encomiendas adjudicadas a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en detrimento de la empresa pública de la Generalitat Vaersa.
USO divide la citada denuncia en varias partes. Por un lado afirma que existe prevaricación porque los denunciados se saltan una norma europea, a sabiendas, al seguir contratando con Tragsa como medio propio pese a que dicha empresa depende del Ministerio de Medio Ambiente y no de Generalitat. Según los denunciantes, al no ser un medio propio no podían adjudicarle una encomienda de gestión sin pasar por concurso público. Se da la circunstancia de que Medio Ambiente es el ministerio donde la consellera tiene plaza fija como alta funcionaria.
Además, según USO, tampoco podían darle a Tragsa las obras porque "existe un delito de prevaricación por violar la Ley de Contratos del Sector Público, al no optar por la opción más barata", algo que es obligatorio. De hecho, en el contrato para la erradicación de la mosca de la fruta, el contrato de Tragsa es 1,28 millones de euros más caro que el de Vaersa y, aun así, la Conselleria optó por Tragsa en lugar de Vaersa.
En este sentido, el sindicato USO lleva meses denunciando que solo el 10% de los contratos y encomiendas de gestión van a parar a Vaersa, a pesar de que siempre es la opción más barata. La tercera pata de la denuncia también hace referencia a esto último, ya que el sindicato considera que además de prevaricación, también hay un delito de malversación por optar a sabiendas a la opción más cara.
Por último, el sindicato denuncia "la existencia de un delito fiscal, en grado intentado, pues aun no se ha efectuado (salvo que hayan eludido ya los pagos trimestrales del IVA), por la pretensión manifestada por escrito de elusión del IVA". El sindicato se refiere a que, al no ser un medio propio, pues Tragsa depende del Ministerio de Medio Ambiente, no puede estar exento del pago del IVA, un 21 por ciento, como sí que lo está Vaersa. De hecho, y según ha podido saber este periódico, USO presentará en los próximos días otra denuncia, esta vez a Hacienda, por el impago del IVA desde la Conselleria de Agricultura.
Fuentes de la Conselleria de Agricultura confirmaron a Alicante Plaza que conocen la investigación y que están preparando un informe para enviarlo a la Fiscalía, al tiempo que confían que en que no tenga mucho recorrido.
Según estas fuentes, las investigadas son un tipo de encomiendas que se hacen con normalidad y que "son legales" al tratarse de medios propios de las autonomías. Aunque Tragsa pertenezca al Ministerio y no a la Generalitat, la ley contempla que las autonomías las utilicen como medios propios, aseguran.
Además, añaden estas fuentes, se trata de una encomienda informada favorablemente por la Intervención General.
Valencia Plaza ha podido constatar que no solo se informó a los miembros de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, sino que también se mandó la citada información, como consta en la denuncia presentada en Fiscalía, "al presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, y a la Conselleria de Hacienda.
Respecto de este punto, fuentes del sindicato USO aseguran que el tenía que iban a informar al secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, este adujo un problema de agenda y no acudió a la cita.
Además, estas fuentes sindicales señalan que los contratos con Tragsa realizados entre septiembre y noviembre de 2016 todavía no se han puesto a disposición de los valencianos en el portal de transparencia de la Generalitat.
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