VALÈNCIA. La patronal valenciana CEV, reconvertida en organización empresarial de ámbito autonómico tras la quiebra de Cierval, ya tiene sobre la mesa una propuesta concreta de la alicantina Coepa para entrar como asociada. Tras varias semanas de desencuentros y mensajes cruzados, los presidentes de las dos organizaciones, Salvador Navarro y Francisco Gómez, acordaron rebajar la tensión retomar unos contactos que ya han dado los primeros resultados.
Los dos presidentes se reunieron el pasado martes en Alicante para que Coepa formalizase su propuesta de entrada a la CEV. Según explican fuentes de la organización empresarial, el planteamiento implica aceptar parte de las condiciones de la organización valenciana que Gómez rechazaba, pero plantea unas contrapartidas que, salvo que se renegocien, hacen que la propuesta tenga escasos visos de prosperar.
La oferta de Coepa implica que la CEV asuma su plan de viabilidad y, por tanto, se haga cargo de los compromisos que pactó con sus acreedores para superar el concurso de acreedores hace escasos meses. El planteamiento incluye también tener que cargar con los requerimientos que puedan llegar en el futuro para que la patronal de alicante devuelva a la administración subvenciones indebidamente justificadas. En este sentido, cabe recordar que el Servef reclama a Coepa 1,9 millones de euros por un supuesto incumplimiento de la ley de subvenciones relacionadas con el uso indebido de su centro de formación.
Por ese motivo, la CEV va a solicitar informes de expertos jurídicos y económicos para determinar la viabilidad de las propuestas de Coepa. La organización que preside Salvador Navarro ya realizó una consulta de este tipo en plena crisis de Cierval, cuando una de las posibilidades que se puso sobre la mesa para salvar a la autonómica fue una eventual fusión con la patronal autonómica CEV.
Esos informes desaconsejaron la operación por los riesgos que comportaría para la organización empresarial de Valencia, a la que alertaron de "elementos de incertidumbre" porque la información disponible hasta el momento podría variar en el corto plazo en función de los procesos administrativos, penales y concursales que afectan a las organizaciones miembro de Cierval –en particular a Coepa y la CEC– y a la propia organización autonómica.
Así las cosas, con el riesgo de que Coepa aún tenga que acabar haciendo frente a reclamaciones que aún no han aflorado, se da por descontado que los informes de los expertos aconsejaran a la CEV actuar con la misma prudencia que le llevó a tener que renunciar a salvar Cierval por la vía de la fusión.
A cambio de que la CEV asumiera los costes de su plan de viabilidad, Coepa ingresaría en la nueva patronal autonómica con 100 vocales en la asamblea, lo que le reportaría unos ingresos de 130.000 euros anuales y, muy probablemente, la mayoría para elegir al presidente del consejo empresarial de la provincia de Alicante.
A diferencia de la postura inicial de Francisco Gómez, que rechazaba que la CEV no reconociera a Coepa la exclusividad de la representatividad empresarial en la provincia y le ofreciera ingresar como un asociado más, la nueva propuesta implica que Coepa aceptaría que la elección del consejo empresarial de la provincia de Alicante correspondería a las empresas con sede social en la provincia.
