Foto: Pepe OlivaresALICANTE. Nuevo revés judicial para el consejo de administración del Elche.
La Audiencia Provincial de Alicante ha fallado en su contra al estimar el recurso interpuesto por Eventos Petxina contra la resolución del juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante en la que se calificaba como préstamo a la entidad (por tanto, un crédito ordinario sujeto a una quita del 65% y una espera de 10 años) la suma de 800.000 euros que en 2011 abonó la citada mercantil al club franjiverde y no el precio de la cesión hasta 2018 de la mitad de los derechos económicos sobre la plantilla.
La noticia, adelantada este martes por COPE Elche, puede suponer ya un duro golpe para las maltrechas arcas de la entidad del Martínez Valero si Eventos Petxina solicita la ejecución provisional de la misma. Y es que el club franjiverde estaría ahora obligado a abonar a esta mercantil 1,5 millones de euros (intereses incluidos) con base a los traspasos de, por ejemplo, el mediocentro colombiano Carlos Sánchez y el delantero brasileño Jonathas de Jesús, a los que hay que sumar 800.000 euros de la venta de Sergio León que están bloqueados por la Liga de Fútbol Profesional y que el Elche contaba con percibir.
Administración desleal
Como también pone de manifiesto la información de nuestro compañero Jerónimo Tormo, la decisión de la Audiencia libera además a Juan Anguix de la posibilidad de que se le pueda exigir responsabilidad penal en relación con el ejercicio de sus funciones como máximo mandatario franjiverde, algo que había sido puesto sobre la mesa en instancia por el juez (también por el administrador concursal y, obviamente, la defensa del Elche) al apuntar a su vinculación con Eventos Petxina.
Recurso de casación
El Elche, que cuenta con 20 días para recurrir ante el Tribunal Supremo (una decisión que aseguraban anoche desde el club que están valorando), podría plantear a la citada mercantil un canje de deuda por acciones si bien parece tan difícil que esta acepte como que la entidad franjiverde desembolse los tres millones de euros que son necesarios para rescindir el contrato suscrito en 2011, según se recoge en el mismo.
