VALÈNCIA. La residencia de mayores de Alcoy que dirige en régimen de concesión la firma DomusVi es uno de los centros geriátricos valencianos en los que están puestas las miradas. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, ha impuesto una sanción de 40.000 a la empresa en esta residencia por incumplir las ratios de personal en el período anterior a la pandemia de coronavirus. Las deficiencias se constataron en noviembre de 2019.
La resolución a la que ha tenido acceso este diario está suscrita por la directora general de Personas Mayores, Mercedes Santiago, y asegura constatada una infracción grave de la ley valenciana de servicios sociales, en cuya mencionada categoría se incluye "no disponer del personal establecido por la normativa reguladora de cada servicio, tanto en la dedicación como en la calificación profesional exigida y necesaria para el ejercicio de sus funciones". La multa podía ascender hasta 80.000 euros, pero estas deben imponerse bajo el principio de proporcionalidad, por lo que teniendo en cuenta todas las circunstancias, finalmente esta será de la mitad.
La Conselleria practicó una inspección el 21 de noviembre del año pasado para comprobar si la empresa había subsanado las deficiencias detectadas ese verano. Entre otras cosas, se señalaban la falta de horas de dedicación de médico y del servicio de actividades socioculturales. Infracciones cuyo requerimiento de subsanación se había producido hasta en tres ocasiones previamente y que en la última inspección, en noviembre, no se habían corregido.
La concesionaria aseguró que tras esa última inspección había cumplido "estricta y rigurosamente" con los requerimientos de la Generalitat Valenciana, ampliando las jornadas laborales del personal contratado en los mencionados departamento -médico y animación sociocultural-. Insistía en que siempre ha tenido la voluntad de cumplir con los requerimientos y que "en ningún momento se ha puesto en peligro la salud de los residentes". Sin embargo, la Dirección General es tajante al contestar que la multa se impone "tras los reiterados incumplimientos" por parte de la mercantil.
Asimismo, DomusVi sumaba que no concurrían circunstancias agravantes, por lo que sostenía que, si había de recibir una sanción, esta tenía que ser la mínima contemplada para las infracciones graves, 10.000 euros. "Por los mismos hechos, incluso menos gravosos, se impuso en noviembre de 2010 una sanción de 5.000 euros", se defendía la empresa concesionaria de la residencia. Pero la Conselleria insiste en que hay motivos para que la multa sea bastante más elevada, si bien la suma no sea la máxima que recoge la normativa.
En este sentido, la administración autonómica subraya que ha existido "riesgo y peligro" para los residentes "al no disponer del personal exigido", que además "existe intencionalidad o culpabilidad" por parte de la empresa, que hay advertencias previas y reiteración de infracciones en materia de personal y que todo ello ha resultado en "cierto beneficio económico". Y sobre la sanción de 5.000 euros, puntualiza que se impuso con la normativa previa a la actual, que eleva las sanciones. Finalmente, la sanción definitiva suma 40.000 euros. Preguntada fuentes de la firma en cuestión sobre el expediente sancionador, evitaron hacer declaraciones al respecto.
Se da la circunstancia de que la residencia de Alcoy en la que opera DomusVi es el primer centro de mayores del llamado 'modelo Cotino' que la Conselleria de Oltra pretende revertir, como adelantó este diario. El departamento de Políticas Inclusivas ya ha trasladado esta intención a la firma y busca alcanzar un acuerdo para que la concesionaria abandone la residencia. De no sellarse, se estudian distintas vías legales para consumar la recuperación del centro a la gestión pública. Y se pretende hacer a través del Sector Público Instrumental de la Generalitat, en concreto mediante el Institut Valencià d'Acció Social (IVASS).
La firma DomusVi gestiona la residencia en virtud de una concesión administrativa fechada de 2002 y está suscrita por el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, actualmente en semilibertad tras seis años en prisión por el caso Cooperación y que, a juicio de la vicepresidenta del Consell, "no se ha destacado precisamente por su ética pública".
La adjudicación fue para la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sacova, integrada por la mercantil OHL y la Asociación de Servicios Aser, y consistía en la gestión de una residencia en el Antiguo Hospital Civil de Alcoy. Posteriormente, la empresa pasó a manos de Quavitae Servicios Asistenciales en 2015 y, más tarde, al grupo francés Casa Vita, quien actualmente ostenta la gestión del centro mediante su filial GeriaVi SAU, la dueña de DomusVi.
Preguntada en julio la vicepresidenta si esta sanción tiene algo que ver con la voluntad de revertir el centro, Oltra señaló directamente a las características de la concesión en sí: el convenio se adjudicó para "11 legislaturas" y supuso "ceder durante dos generaciones el patrimonio de todos los valencianos sin contrapartida", algo que la consellera ve lesivo para la Generalitat porque "supone hipotecar un bien 45 años". Concretamente, hasta 2047.
A esto se suma, insistió, que la empresa "no paga canon ni nada", que la única contraprestación era "hacer unas obras que están ampliamente amortizadas" y que "no se prevé una posible recesión por incumplimiento". Todo ello supone, a su juicio, un factor a tener en cuenta en el modelo de residencias. "Si en lugar de 45 años hubieran sido 300...", aventuró, para defender que el plazo de cesión debe ser mínimamente razonable.
El centro constituyó uno de los focos más importante de contagio de personas mayores en la Comunitat, y en concreto en la provincia de Alicante. La enfermedad arrasó la residencia: contagió al 70% de los 140 ancianos residentes y murieron 73. Un informe sanitario del 25 de mayo firmado por el gerente del Departamento de Salud de Alcoy alude a diversas deficiencias que podrían haber contribuido a la transmisión del virus en este centro de mayores.
Tras la primera ola, DomusVi decidió contratar a la auditora Bureau Veritas para certificar todos los protocolos en sus residencias, también en esta de Alcoy. Así, en el documento de certificación, fechado el pasado 30 de septiembre, la auditora confirma haber "verificado los protocolos" en el centro "en materia de seguridad y salud" y haber confirmado que cumplen "con las exigencias legales vigentes en el momento de la auditoría". Una certificación que tiene vigencia durante un año.
De esta manera, con el visto bueno de Bureau Veritas, DomusVi confirma que, si bien durante la primera ola de coronavirus hubo dificultades en la contención de la pandemia, tras su paso los protocolos que se siguen son los adecuados y acreditados.
El panorama que se vive extrañamente paradójico. Mientras la administración expresa manifiestamente la intención de recuperar la gestión del centro en Alcoy e investiga otro centro de DomusVi en Elda donde se han detectado casi un centenar de contagios, así como las instalaciones en Llíria por presunto maltrato, la empresa acaba de ganar el concurso público para la gestión de una de las residencias más importantes de la Conselleria, el centro de Velluters, como ha publicado Levante-EMV. La firma ha superado a sus competidoras Sacyr y Gesmed gracias a la valoración económica -8,8 millones de euros-, si bien en la parte técnica quedó tercera.
