VALÈNCIA. (EP). La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha ordenado el envío al TSJCV del expediente administrativo del decreto del Consell por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social, que fue recurrido por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) y la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte).
Además, en la resolución publicada este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) se emplaza a las personas o entidades que pudieran resultar afectadas para que puedan personarse en el citado procedimiento. El recurso interpuesto se tramita en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4, del TSJCV, que ha solicitado que se le envíe el expediente administrativo.
Aerte recurrió el decreto, que se publicó a finales del año pasado, sobre la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social por "no permitir que puedan participar todas las entidades de servicios sociales independientemente de su forma jurídica", hecho que considera "contrario a la normativa estatal básica".
Al anunciar este recurso explicó que el pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley de Contratos del Sector Público en la que se permite que las comunidades autónomas puedan crear figuras como el concierto social "siempre que respeten el principio de no discriminación".
El presidente de Aerte, José María Toro, afirmó que desde la asociación pensaban "que la actitud de la administración sería la de adaptar el concierto al nuevo marco legal y permitir que pudieran acceder al concierto todas las entidades debidamente autorizadas" pero no se rectificó, sino que se aprobó este decreto "ignorando por completo la nueva Ley de Contratos del Sector Público".