Foto: ROBER SOLSONA/EPDe todos los argumentos con los que el Gobierno trata de justificar la subida de impuestos que nos viene –cuidar de nuestra salud, proteger el medio ambiente, mejorar la Sanidad, que paguen más los ricos…–, el de "igualarnos a Europa" es el más falaz de todos. Según María Jesús Montero, la presión fiscal en España está entre las más bajas de la UE y tenemos que "conseguir reducir el diferencial". Lo dice la ministra que se negó durante meses a reducir el diferencial con el resto de Europa del IVA de las mascarillas y que aún lo mantiene en el 21% en la mayoría de las mascarillas disponibles en el mercado.
Montero quiere reducir el diferencial de presión fiscal con Dinamarca o Finlandia, cuando lo que hay que reducir es el diferencial de renta per cápita y, entonces sí, cobrar altos impuestos a los que tienen holgura para pagarlos. Además, como ya advirtieron Funcas, el Instituto de Estudios Económicos y el Consejo General de Economistas, la causa de la baja presión fiscal en España no es que los impuestos sean bajos, sino el paro y la elevada economía sumergida. De hecho, el esfuerzo fiscal de los españoles (recaudación tributaria en relación con la renta per cápita), que es un indicador más pegado a la realidad que la presión fiscal, es un 6% superior a la media de la UE.
Esta columna no va contra la subida de impuestos sino contra los mendaces argumentos para justificarla. Mientras Sánchez habla de vacunación, vacunación y vacunación, el Gobierno nos 'vacuna' fiscalmente lanzando globos sonda para que cuando llegue el momento estemos preparados. Era una errata, esa medida no está sobre la mesa, no se hará sin consenso, es solo un borrador enviado a la UE… Se filtra el rumor, se matiza, se desmiente y, lo más importante, se debate previo reparto del argumentario entre los fieles para que nos convenzan a todos.
Así que voy a echar una mano al Gobierno pero no comprándole sus disfraces sino con la cruda realidad: los impuestos van a subir porque la deuda pública de España ha alcanzado un nivel peligroso y el déficit público no debe prolongarse más allá de la crisis, por mucho que Puig diga que el "el keynesianismo no puede ser el sueño de una noche de verano". Si Keyness levantara la cabeza le pasaría como a Tobin (el de la tasa), a Marx o a Jesucristo, que no se reconocería en muchas de las cosas que dicen los más acérrimos defensores de sus supuestos postulados.
La cuestión es cuándo subimos los impuestos. Con 3,6 millones de parados y España todavía en recesión, igual no es el momento –Keyness no lo haría–, a no ser que la idea sea ahogarnos con una mano y rescatarnos con la otra. Lo que sí podrían ir haciendo las administraciones es atajar el despilfarro que inevitablemente ha acompañado al gasto sin límites autorizado para luchar contra la pandemia. No prescindir del personal sanitario contratado contra la pandemia sin antes reducir la nómina de cargos, empresas, fundaciones y oficinas creadas al calor de la crisis social y sanitaria.
La otra cuestión es qué impuestos subimos, y dado que el sablazo a los ricos da para lo que da, que es casi nada, tendremos que asumir que la subida de los impuestos indirectos afectará sobre todo a las clases medias y perjudicará también a las rentas bajas. Por eso, los nuevos impuestos que vienen los debe aprobar un gobierno de izquierdas, ya que con un gobierno de derechas habría lío. Dirán que son impuestos a los ricos y los pintarán de verde, pero el impuesto "ecológico" que el Gobierno planea poner a los billetes de avión –de entre 4,5 y 42 euros, según la distancia– encarecerá sobre todo los billetes low cost, que ya soportan la rigidez de las tasas aeroportuarias. Los ricos seguirán viajando en avión.
Montero ha encargado a un Comité de Personas Expertas –todos académicos, ningún sufridor de la economía real– una profunda reforma fiscal para que los impuestos en España sean más "justos", que necesariamente tiene que significar un aumento de la recaudación, no vaya a pasar como con la reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que Puig tiene sobre la mesa desde hace años, que significa más justicia pero menos recaudación. Y eso sí que no.
El informe debe estar listo en febrero de 2022, lo que significa que la mayoría de las medidas entrarían en vigor en 2023, año electoral. Así que es probable que se aplacen subidas impopulares como el IRPF, Sucesiones o el IVA, en el que se habla –globo sonda– de sacar productos de la lista del IVA reducido o superreducido. Para entonces, ya habremos asimilado que hay que pagar más.
En la Comunitat Valenciana el Consell tiene poco donde rascar. El IRPF de los ricos es el más alto de España y el de los menos ricos también es muy alto; la reforma de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones que plantea Montero es para que paguen más en Madrid, que aquí ya se paga mucho después de las subidas del Botànic, y en Transmisiones Patrimoniales apenas tiene margen de subida.
Por eso resulta incomprensible que venga Montero a València y Puig se 'olvide' de recordarle que el aumento de recaudación de la Generalitat tiene que venir no tanto por la reforma fiscal como por la reforma del modelo de financiación autonómica. En lugar de eso, Puig le reclamó con vehemencia la reforma fiscal que la ministra ya ha antepuesto a la de la financiación.
Vendrán nuevas tasas e impuestos por uso de los servicios públicos, por viajar en avión o, por ejemplo, por utilización de las carreteras, un viejo anhelo de los ministros de Fomento. Si se hubiera puesto en marcha un peaje blando en las autovías la primera vez que se pensó hace años, habrían convivido autovías de peaje blando y autopistas de peaje, y con el vencimiento de las concesiones se habría producido una transición natural del peaje caro al peaje blando.
Pero como ni Zapatero ni Rajoy se atrevieron, ahora Ábalos se ve con el problema de tener que cometer una injusticia, porque la sensación es de una gran injusticia, como es poner peajes blandos a todas las autovías hasta ahora gratuitas justo cuando la AP-7 y otras autopistas acaban de ser liberadas del carísimo peaje que soportaban sus usuarios. En este artículo de 2018 ya expliqué por qué pensaba que las autovías acabarían siendo de pago.
El debate no es si pagamos o no el caro mantenimiento de las autovías sino cómo lo pagamos. Hasta ahora lo hacemos vía impuestos y lo que se plantea es que se pague vía peaje blando –pago por uso– o viñeta –tarifa plana–, lo que tiene como ventaja que no solo las pagaríamos los españoles sino también los millones de turistas que las recorren todos los años.
Lo que pasa es que al mismo tiempo que los peajes están anunciando la subida del impuesto al diésel y lanzando un globo sonda sobre el impuesto de matriculación, además de que acaban de subir el impuesto a las primas de seguro, con lo que el conductor español, que también paga el impuesto municipal de circulación, se pregunta cómo es posible que con todo lo recaudado a los automovilistas no le llegue a Ábalos para mantener las carreteras.
