El peso de la deuda

Es conveniente, antes de irnos de vacaciones, comprobar si nuestra situación financiera nos permite disfrutar de unos (merecidos) días de asueto sin demasiados sobresaltos. Creo que hablo en nombre de la mayoría si digo que este año son especialmente necesarias las vacaciones para desconectarnos de la extraña dinámica de no-pacto (con algunas excepciones) que ha resultado del período electoral que vivimos entre abril y mayo pasados. Cada uno, como decía, habrá hecho sus cuentas, pero he observado, no sin cierto estupor, que las idas y venidas de nuestros representantes políticos me han desorientado, de tal manera que hacía bastantes semanas que no me entretenía en revisar la situación de las finanzas públicas.

Otro factor que, sin duda, ha contribuido a la citada desorientación es que hace años que no contamos con un Presupuesto del Estado en condiciones, aprobado a final de año y sobre el cual, a estas alturas, estarían ya trabajando tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas, siguiendo las recomendaciones que la Unión Europea nos da cada año al finalizar el llamado “Semestre Europeo”. Menos mal que la AIReF, o Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha continuado realizando su análisis de las cuentas públicas, tal y como exige la normativa europea. Así, el pasado abril, publicó el último informe del Observatorio de Deuda. En él se analiza la situación actual de la deuda de las diferentes administraciones públicas y su sostenibilidad, haciendo previsiones sobre la evolución esperada en los próximos años.

Por lo que se refiere a la deuda existente a 31 de diciembre de 2018, ésta suponía un 97,2% del PIB, sólo 3,2 puntos menos que en su nivel más alto, alcanzado en 2014 y que fue de un 100,4% del PIB (Gráfico 1). Los mayores aumentos de la deuda (punto rosa en el gráfico) se produjeron en 2009 (alrededor de un 14%) y en 2012 (sobre un 16%). En 2013 y 2014 continuó aumentando (de ahí el máximo alcanzado ese año) y, desde entonces, se ha ido reduciendo, pero a ritmos muy lentos (0,8 puntos menos al año). Estas cifras contrastan con la anterior recuperación, cuando la deuda se redujo a un ritmo 3,7 puntos porcentuales al año, pasando de un 68% del PIB al 38%. Si se cumplieran los compromisos actualmente acordados con las autoridades europeas, la AIReF estima que se llegaría a cumplir el objetivo del 60% (Gráfico 2) a finales de la década de los 30 (sobre 2038). Pero en dicho informe se considera el riesgo potencial de una japonización de la economía española. Sin deseos de alarmar, la deuda pública de Japón supone en la actualidad alrededor del 235% del PIB. 

Sin llegar a estos extremos, el riesgo de España se encuentra, principalmente, en el factor demográfico, lo mismo que en Japón. Somos los dos países con mayor esperanza de vida y, a la vez, con un lento crecimiento demográfico. De seguir a este ritmo, la economía tenderá al estancamiento, puesto que la población de más edad consume menos (ahorra, esperando necesitar un mayor gasto en la vejez). Si el mercado de trabajo no se muestra dinámico y la inflación es baja (como en la actualidad), por un lado, las cotizaciones se hacen insuficientes para pagar las pensiones y, por otro, la deuda acumulada, sin los efectos de la inflación (que la deprecian) va aumentando progresivamente su peso sobre la economía. Si, además, suben ligeramente los tipos de interés, lo cual va a ocurrir en cualquier caso, puesto que estamos en mínimos históricos, la previsión de la AIReF es que difícilmente bajaremos del 90% y acabaríamos, a mediados de siglo, cercanos al 130%. Algunos dirán la consabida frase de “en cien años todos calvos” pero, aún así, no debemos olvidar la obligación que tenemos con nuestros hijos y nietos, que serán los que sufrirán del estancamiento y pagarán la deuda.

El informe también contiene la situación de las Comunidades Autónomas. Antes de ello, cabe recordar brevemente que la mayoría de ellas recibe financiación adicional del Estado, además de las transferencias corrientes, para hacer frente a la deuda acumulada y para la cual, debida a la muy baja calificación crediticia que tienen, sería muy difícil que consiguieran financiación en los mercados. Los dos instrumentos, el Fondo de Liquidez Autonómica (o FLA, más barato, pero más exigente) y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF, más flexible) suponen, para algunas comunidades, más del 80% de su deuda actual (Gráfico 3). Del total de los 1,17 billones de euros que acumulábamos en diciembre de 2018, casi 300.000 millones corresponde a la deuda autonómica y, de ella, el 61% debe ser financiada por el Estado. Dejando aparte la infra-financiación de la Comunidad Valenciana, podemos ver que es la segunda con más deuda en términos absolutos, con alrededor de 50.000 millones de euros, sólo superada por Cataluña, de más población y más renta, con cerca de 80.000 millones.

Sin embargo, lo más preocupante no es tanto la cifra de deuda, englobada en el total del Estado y actualmente financiada, sino la evaluación que hace la AIReF sobre las finanzas públicas valencianas. En el último informe sobre el presupuesto inicial de la Comunidad Valenciana, tanto la previsión de ingresos (gráfico 4) como la de déficit o superávit (gráfico 5), eran excesivamente optimistas por parte de las autoridades valencianas, como puede verse comparando los escenarios de la AIReF con el presupuesto presentado (triángulo azul). 

En cualquier caso, lo que va a determinar la tranquilidad presente y futura de los ciudadanos informados (que no pesimistas) es no tanto el gasto o los ingresos en sí, sino su composición, que determinará que sigamos acumulando deuda o que se sienten las bases del futuro crecimiento y estabilidad de nuestro país. Mejor dejémoslo para septiembre.