El conseller de Economía, Rafael Climent, junto a la secretaria autonómica, Blanca Marín. Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) cuestiona el Proyecto de Ley de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales en el que trabaja la Generalitat, una ambiciosa norma con la que el Gobierno valenciano quiere convertir la Comunitat en la primera autonomía en regular la planificación y el funcionamiento de sus polígonos.
El dictamen del organismo, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, incluye una importante observación esencial contra la Ley, en la que advierte de que debería quedar "sobradamente justificada" la adscripción obligatoria de los propietarios a la entidad que gestiona el área industrial -la asociación del polígono-, circunstancia que la ley establece cuando la existencia de dicha entidad cuenta con el visto bueno de la mayoría absoluta de los propietarios y la preceptiva autorización del ayuntamiento.
El CJC justifica esta salvedad con el argumento de que existen hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional en las que entiende "contraria a la libertad negativa de asociación la colegiación obligatoria en los colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local con habilitación nacional".
No obstante, cabe destacar que dos consejeras de los cinco integrantes del Consell Jurídic Consultiu emiten un voto particular avalando la propuesta de la Conselleria de Economía, al considerar que en el texto está ya debidamente justificada la adscripción obligatoria a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de los fines de interés público que el ayuntamiento puede atribuir a las entidades.
En previsión de este escenario la Dirección General de Industria y Energía reforzó en el preámbulo de la Ley la justificación de las causas que exigen la adscripción obligatoria a la entidad de todos los propietarios (como ocurre por ejemplo en las comunidades de propietarios o en las entidades de conservación urbanística).
"Siempre teniendo en cuenta que la decisión de creación es voluntaria, aprobada por la mayoría del 51% de los propietarios, y sujeta a la autorización y control por el Ayuntamiento, que también tiene discrecionalidad para su aprobación", recordaba este lunes la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín, en un desayuno informativo organizado por este diario sobre la nueva regulación.
Según la dirigente, "el argumento principal que se ha reforzado en el texto, al amparo de lo dispuesto en el voto particular de las consejeras, es que las funciones que se les puede atribuir por el ayuntamiento como entidades colaboradoras son de tal relevancia que no podrían alcanzarse si no se impusiera la adscripción forzosa una vez constituidas, dada las notorias dificultades que tienen las administraciones locales para hacer frente a las necesidades específicas de las áreas industriales, y a que si la pertenencia fuera voluntaria, siempre habría propietarios que sin contribuir económicamente a las mejoras impulsadas por la entidad colaboradora se beneficiarían injustamente de las mismas".
El Grupo Popular en Les Corts ha hecho suyo el criterio mayoritario del CJC contra la norma y ha presentado una enmienda a la totalidad de la Ley. "Discrepamos esencialmente de su oportunidad por no atender ni respetar las observaciones esenciales formuladas en el Dictamen preceptivo del Consell Jurídic Consultiu de fecha 4 de octubre de 2017", afirman, y agregan que la iniciativa legislativa "no resulta conforme al ordenamiento jurídico y, por tanto, propone un marco legal que genera una mayor inseguridad jurídica".
Por contra, el catedrático de Derecho Civil y presidente del ICBP, Juan Manuel Badenas, opina en la misma línea que el Consell. Según defendió este lunes, la ley es "plenamente constitucional". "Está francamente bien detallada, es una muy buena ley desde el punto de vista técnico", dijo, y subrayó que "la propia Constitución afirma que la propiedad tiene una función social".
"No debemos tener miedo al recurso de constitucionalidad. El preámbulo de la ley está pensado para convencer de su constitucionalidad, y está perfectamente bien explicado. Quizá no sea tan malo que se recurra, porque tal vez serviría para que los magistrados tengan acceso al mismo y lo valoren correctamente. Si en una sentencia el TC dice que es perfectamente constitucional nos evitaríamos los recursos posteriores de caso por caso", afirmó, y recordó que "con la regulación de la propiedad horizontal el revuelo fue muy similar".
