VALÈNCIA. EFPA España trabajará para que la profesión de asesor financiero se convierta en un pilar fundamental para el mejor desarrollo financiero del país, siguiendo los principios de profesionalidad y ética. Ese es el gran objetivo que se marca la asociación dentro de su plan estratégico 2019-2021 que presentó el nuevo presidente de la asociación, Santiago Satrústegui, en sustitución de Carlos Tusquets, que ha estado durante los últimos 16 años al frente de la organización, tiempo en el que EFPA se ha situado como la primera asociación de Europa en el sector financiero.
El nuevo presidente de EFPA anunció que la asociación ya ha alcanzado los 32.000 miembros certificados, lo que supone un crecimiento del 20% desde la entrada en vigor de MiFID II, y que está celebrando una media de 8.000 exámenes individuales al año. Además, EFPA España cuenta ya con más de 70 entidades colaboradoras, incluidas las principales entidades nacionales e internacionales, a lo que se suman 21 centros acreditados con programas formativos para los exámenes EFA y los cuatro centros acreditados para impartir el curso preparatorio para la certificación EFP.
Satrústegui explicó que la asociación se marca como objetivo superar los 38.000 miembros certificados en el año 2021, ampliar los servicios a asociados y la cartera de entidades colaboradoras, así como incrementar su capilaridad en todo el territorio español, abriendo delegaciones en aquellas regiones donde todavía no tiene una estructura estable, como Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja o Extremadura.
Satrústegui añadió que “la aplicación de MiFID II nos dio la razón ya que en EFPA España llevamos trabajando desde los inicios para reivindicar la exigencia en la formación, los mayores estándares de calidad y la formación continua para asegurar el mejor servicio al cliente”. En este sentido, el nuevo presidente de EFPA España destacó la plena adaptación de toda la industria al nuevo escenario normativo. “Una encuesta reciente que hicimos entre nuestros asociados refleja que el 86% de los profesionales cree que las modificaciones normativas recientes, derivadas de la puesta en marcha de MiFID II, han supuesto un verdadero cambio en el modelo de asesoramiento financiero en España, aunque solo una cuarta parte considera que ese cambio ha sido radical”.
Josep Soler, delegado ejecutivo de EFPA España y consejero de EFPA Europa, destacó que la asociación está apostando por exigir un nivel de cualificación un poco más elevado que los demás cualificadores. “El regulador podría haber sido algo más restrictivo, pero ha abierto algo más el grifo, incluyendo más de 80 títulos o diplomas. En el caso de EFPA, seguimos apostando por unos niveles por encima de los mínimos exigidos, las entidades financieras que apuestan por nuestras certificaciones están también apostando más para que su gente tenga un nivel superior, lo que demuestra su clara apuesta por ofrecer el mejor servicio al cliente”.
Por su parte, el consejero de EFPA Europa analizó los retos a los que se enfrenta el sector del asesoramiento en España y el resto del continente. “La directiva MiFID II ya está plenamente implementada, aunque es cierto que en cada país se ha realizado el proceso de forma distinta. Pensábamos que algún tipo de entidades iba a tener problemas de supervivencia, pero el sector se mantiene con una estructura muy parecida a la anterior a la ley, habiendo introducido los elementos importantes de MiFID II con respecto a la transparencia y la mejora de la eficacia”.
En este punto, Soler alertó sobre la importancia de invertir y ahorrar en el medio y largo plazo. “Creo que en España el inversor tiene un nivel bajo de cultura financiera y que no se educa convenientemente al ahorrador, sobre todo en un escenario como el actual de tipos bajos, volatilidad y desaceleración en el crecimiento económico. El horizonte temporal de un inversor normal tiene que ser de tres años como mínimo y, a partir de ahí, se debe realizar una evaluación”.
Josep Soler explicó que “uno de los temas más relevantes pasa por conocer si los clientes estarán dispuestos a pagar explícitamente por la prestación del servicio”. Según la última encuesta de EFPA, seis de cada diez aseguran que sí pagarán, aunque solo si pueden reconocer el valor añadido aportado. De ahí que “los asesores deben trabajar para que su labor sea concebida como relevante y también para fomentar la cultura y educación financiera, un tema en el que todavía falta mucho trabajo por delante en este país”, concluyó el consejero de EFPA Europa.
