Elena Cebrián y Manuel AlcarazVALÈNCIA. A mediados de 2013 comenzaron a producirse en algunos diarios filtraciones de información y documentos que tenían como principal objetivo socavar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a algunos colaboradores de su entorno como la entonces secretaria autonómica de Presidencia, Esther Pastor, o el secretario general del PPCV, Serafín Castellano. Varias de estas acciones surgieron de la enigmática Asociación contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana, que clausuró su actividad un año después de iniciar su labor y cuyas acciones se atribuían en Presidencia a fuego amigo de su propio partido.
No obstante, las filtraciones fueron más allá de la citada asociación, por lo que desde el entorno de Fabra se comenzó una búsqueda desesperada por hallar al 'topo' o 'topos' que centraban sus ataques a través informaciones concretas sobre gastos del jefe del Consell o de su equipo y que incluso tuvieron eco en medios nacionales. En Presidencia, se llegaron a tener intensas sospechas del número dos del Ejecutivo, José Císcar, y su equipo, una situación que terminó en el dantesco episodio en el que el jefe de Seguridad del Palau interrogó al jefe de prensa del vicepresidente.
A todo ello, hubo que sumar que se abrió una investigación en la se que analizó la cadena que seguían las diferentes informaciones y se sucedieron entrevistas personales con los funcionarios en busca de encontrar a los responsables de esa fuga de documentación. Finalmente, las conclusiones arrojadas en enero de 2015 -casi dos años después de que comenzaran las filtraciones que arrancaron con el caso del coach de Fabra- indicaron que los responsables ya no trabajaban en la Administración. O más bien probablemente, que nunca llegaron a ser identificados.
Curiosamente, poco más de dos años después de que se diera por cerrado uno de los episodios informativamente más esperpénticos de la última legislatura valenciana, el Consell del Botànic ha amagado con iniciar un proceso con ciertas similitudes al anterior. Incluso en algunos aspectos podría considerarse más chirriante. Así, el consejo de administración de Vaersa aprobó en su última reunión -según refleja el acta publicada en su web- encargar a la Conselleria de Transparencia, cuyo subsecretario se ofreció para ello sin reparos, una investigación para encontrar la procedencia de las filtraciones -o más bien, una filtración- que se refería a una denuncia contra la gestión de la conselleria respecto a adjudicaciones a Tragsa y Vaersa.
Bien es cierto que, tras revelarse esta información, se han producido diversas intervenciones explicando y matizando los hechos. El propio conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, descartó esta posibilidad prácticamente de inmediato cuando fue preguntado por Valencia Plaza. Además, desde el entorno del subsecretario de este área, Alfons Puncel, presente en la reunión de Vaersa, se aseguró que el acta era "provisional" y debían incluirse "matizaciones" y, además, se explicó que aunque la Inspección General de Servicios recibiera una petición formal para abrir una investigación y la admitiera, ésta nunca se centraría en personas concretas sino en los canales y procesos que recorría determinada información.
Nunca está de más dar todas las explicaciones precisas, pero parece complicado pensar que una investigación de este tipo no sirva precisamente para estrechar el cerco sobre quién maneja la información y de dónde podrían salir las filtraciones... y por tanto, quiénes son los sujetos ejecutores de las mismas. Todo ello no ha hecho precisamente que la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente pase a ser una balsa de aceite. Ni para altos cargos ni para funcionarios.
Sorprende también en cierta medida que la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, fuera la que planteara la posibilidad de iniciar una investigación y que todavía no se haya pronunciado con claridad sobre si piensa seguir adelante y solicitarla formalmente.
Evidentemente, no se pueden comparar ambas búsquedas del 'topo'. La del PP llegó a extremos delirantes, saltándose barreras que terminaron por ridiculizar a sus propios dirigentes, evidenciar sus cuitas internas y promover un estado de pánico que, desde fuera -no así desde dentro probablemente-, causó no poca guasa.
No obstante, cabe recordar que las filtraciones que se producían en aquel momento iban dirigidas a la línea de flotación del presidente Fabra, a su equipo más cercano, y con facturas de gastos y dietas en un momento en el que la sensibilidad de la ciudadanía se encontraba en plena efervescencia. Todo ello, mezclado con la aparición de una oscura asociación que atacaba con filtraciones vía medios autonómicos y nacionales. La búsqueda del 'topo' ordenada por Presidencia fue lamentable, pero la situación y nivel de las filtraciones era duro.
En cambio, el amago -que apunta a no cuajar- de investigación nacido del consejo de administración de Vaersa se produce tras una información, en la que existe un documento -ni secreto ni publicado- referido a la gestión de la conselleria en materia de adjudicaciones, además de unas declaraciones. Una decisión que solo puede entenderse dentro de un alto grado de nerviosismo y un enfrentamiento interno entre las diferentes sensibilidades de Compromís -Iniciativa, Bloc y Verds-Equo-, PSPV y la propia consellera Cebrián de las que ya ha venido informando este diario.
