VALÈNCIA (EP). Compromís llevará en su programa electoral para 2019 la creación de un impuesto valenciano a las grandes superficies comerciales, gravando sus impactos medioambientales, para todas aquellas de más de 2.500 metros cuadrados, a excepción de los mercados municipales.
Los primeros 2.500 metros cuadrados de superficie de venta estarían excluidos de la cantidad total a pagar, que se calculará a partir de todos aquellos metros que excedan de esta cifra.
Ya en 2014, el grupo parlamentario de Compromís llevó a Les Corts una proposición de ley para establecer este impuesto que contaba con el apoyo de PSPV y Esquerra Unida pero el PP -que en aquel momento gobernaba en la Generalitat y contaba con mayoría en la cámara- rechazó la iniciativa y no fue tomada en consideración.
Cuatro años después, Compromís considera que los motivos de entonces siguen vigentes. En su opinión, "la grave situación que atraviesa el sector del comercio es consecuencia tanto de la competencia desleal de las grandes superficies -beneficiadas por las medidas de los gobiernos central y valenciano de aquel momento- como por una falta de poder adquisitivo de la ciudadanía que ha deprimido la demanda interna en los últimos años".
Ahora, su intención es establecer un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales que grave el impacto urbanístico y medioambiental que concurre en determinados establecimientos implantados como grandes superficies, teniendo en cuenta su "singular capacidad económica" y su "posición dominante en la distribución".
No obstante, todavía está por definir si se articulará igual que en la proposición de ley que presentó en 2014. Aquella propuesta planteaba una cuota tributaria de que se obtenía de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen de 17 euros por metro cuadrado.
El texto preveía una bonificación del 5% para establecimientos comerciales en los supuestos que se acceda con tres o más medios de transporte público y otra del 5% cuando cuente con un espacio superior al 10% de la superficie total destinada exclusivamente a la venta de productos de comercio justo.
También contemplaba una bonificación del 50% para establecimientos comerciales individuales dedicados esencialmente la venta de centros de bricolaje, mobiliarios, artículos de saneamiento, puertas y ventas; jardinería; vehículos; materiales pera la construcción y suministros industriales; y combustible --siendo necesario que al menos el 75% de los ingresos derivados de la actividad de la venta al por menor provengan de estos productos--.
La recaudación de este impuesto servirá para dotar un 'Fondo Valenciano para la Innovación y la Sostenibilidad del Comercio' como instrumento de la Generalitat para hacer frente a los pagos de aquellas subvenciones, ayudas, conciertos y otras obligaciones de la con los sectores vinculados a la innovación, la investigación y el desarrollo, "actualmente en situación crítica por los impagos de la administración autonómica", apuntan las mismas fuentes.
También se podrá destinar a medidas de promoción y modernización del comercio de proximidad, infraestructuras de equipamiento municipal y urbanismo comercial y planes de actuación de dinamización comercial.
De este modo, la coalición pretende "impulsar las políticas de cambio de modelo productivo" contando con un nuevo instrumento de recaudación que cree que ayudaría a paliar la situación financiera de la Generalitat y que ya está presente en otros territorios del Estado como Cataluña, Aragón o Asturias, cada uno con sus características propias.
Para Compromís, las dudas jurídicas sobre la compatibilidad de este impuesto autonómico con la normativa europea en cuanto a la posible existencia de una ayuda del Estado o posibles discriminaciones frente a otros formatos comerciales han quedado resueltas favorablemente en recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avalan el impuesto frente a los recursos interpuestos por la Asociación Nacional de Grandes Superficies (ANGED).
