Eva Ortiz, síndica del PPCV, y Ruth Merino, portavoz de Cs. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La sesión de control de este jueves al president de la Generalitat, Ximo Puig, estuvo cargada de referencias al pasado por los temas con los que los partidos de la oposición decidieron arremeter al jefe del Consell: agua y plurilingüismo. Dos cuestiones que o bien sonaron en la legislatura pasada hasta la saciedad en la Cámara valenciana -es el caso del valenciano-, o bien lo hicieron en etapas de gobiernos anteriores.
La primera en intervenir fue la portavoz del PPCV, Eva Ortiz, que le exigió a Puig "ejercer de presidente", "plantarse en Madrid" por el trasvase Tajo-Segura y "evitar que se publique el decreto que recorta la cantidad de agua y no limitarse a recurrirlo cuando salga publicado". "No sirve solo con decir que el trasvase es irrenunciable. El decreto que recorta agua para los valencianos no debe ver la luz. No vamos a permitir que se nos trate como valencianos de segunda por un Gobierno irresponsable", espetó la síndica popular.
Era la segunda vez que Ortiz centraba su discurso en el trasvase del Tajo-Segura, pues ya lo hizo en la sesión de control de la semana pasada, cuando afirmó que los valencianos sentían "vergüenza de que Puig no se plantara ante la ministra Ribera con el recorte del trasvase del Tajo-Segura" en referencia al encuentro que la ministra de Transición Ecológica tuvo el miércoles pasado con el president valenciano. "A la misma hora de su reunión, en Les Corts aprobábamos todos los grupos, menos Podemos, que se suspendiera el recorte del trasvase. El trasvase es irrenunciable", añadió entonces.
Un debate (el del agua, y en particular ahora el trasvase Tajo-Segura) que, en los últimos días, el Partido Popular con Carlos Mazón como candidato favorito y 'oficialista' a la presidencia de la formación ha intentado hacer suyo y que emula a una línea de oposición semejante a la del PP de Eduardo Zaplana en los años 90 en la denominada "guerra del agua". En la actualidad, sin embargo, el Consell no quiere que el partido de la gaviota abandere este discurso en solitario, por lo que el pasado lunes la consellera de Agricultura Mireia Mollà acompañada de parte de su equipo acudió a la manifestación en Madrid para exigir la continuidad de los caudales que provienen del Tajo.
Pero no fue la única referencia a temas que sonaban a tiempos pasados. La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino, centró su discurso en el tema estrella de la legislatura pasada para los populares y su grupo: el plurilinguismo. La síndica acusó al Consell de "espantar familias enteras hartas de sus políticas lingüísticas" y de preferir una Comunitat "dividida, hostil y cerrada antes que rica, abierta y unida". Culpó al president de la Generalitat de "crear un problema en la calle donde no lo había" y agregó que los valencianos quieren "decidir qué tipo de educación y qué lengua elegir, sin coacciones, intromisiones ni chantajes". "No hay peor enemigo de una lengua que quien quiere imponerla", aseveró la síndica naranja.
En su respuesta, Puig le preguntó si "de verdad" consideraba que la lengua común -el castellano- está en riesgo de desaparecer en la actualidad. "Si su percepción de la realidad es esa, tenemos un problema", manifestó el jefe del Consell. Así, defendió que el valenciano "necesita impulso porque es la lengua que va en decrecimiento". "¿El Estatut d'Autonomia es una imposición? ¿La Constitución Española es una imposición?", le interrogó Puig para más tarde aseverar que lo que está haciendo el Gobierno del Botànic es "garantizar los derechos" para que cada persona se pueda dirigir a la administración "en la lengua que quiera".
Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, reprorchó a Puig la aprobación de la ley de la función pública con un "requisito lingüístico que va a generar un auténtico éxodo de profesionales" de la Comunitat Valenciana. Una exigencia de conocimiento del valenciano para acceder a una plaza de funcionario que, cabe subrayar, de momento no está siquiera regulado porque el reglamento que debe desarrollarlo tiene que elaborarse en el plazo de un año.
