Ayuntamiento de Benidorm. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM, (EFE). El expediente de expropiación de los terrenos del Moralet de Benidorm ha sido devuelto casi al principio de su tramitación a raíz de un error burocrático en el área de Intervención a la hora de efectuar el pago a la firma Incobe, propietaria de los terrenos y participada por Enrique Ortiz.
El error ha venido motivado porque la cantidad que abonó el ayuntamiento benidormense a la mercantil, el pasado mes de noviembre, no coincidía con la que debía pagar, según han confirmado hoy a Efe fuentes municipales.
La diferencia fue de apenas 40 euros, que ya han sido abonados, pero ello no impide que el expediente tenga que regresar a fases anteriores.
De hecho, el pleno ordinario de abril deberá aprobar la declaración de nulidad de otro acuerdo plenario anterior, del mes de diciembre de 2017, en el que se acordó denegar a la empresa una nueva retasación, como había solicitado, porque ya se le habían pagado los 5,9 millones de euros por la expropiación que había determinado el Tribunal Supremo (TS).
El expediente arranca años atrás, cuando Incobe, propietaria de una parcela de 332.894 metros cuadrados en la partida El Moralet, pide que dicho suelo le sea expropiado al no haber sido desarrollado.
Mientras la empresa reclamaba 47 millones de euros, el consistorio tasó el suelo en 73.000, lo cual dio inicio a una batalla judicial, que culminó con un precio de expropiación establecido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de 5,9 millones, cantidad que fue luego ratificada por el TS.
La corporación local procedió en noviembre pasado al pago del montante principal, pero no a los intereses de demora generados desde que en 2012 se abrió el expediente. Esos intereses se valoraron en noviembre en 1,08 millones de euros y aún están pendientes de pago.
El hecho de haber abonado a Incobe esos 40 euros menos le genera el derecho de reclamar una nueva retasación del suelo, según ha indicado a Efe la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles.
"Ahora habrá que esperar al justiprecio que diga el Jurado Provincial de Expropiación", ha precisado Caselles, pero ello no supondrá, en principio, que las cantidades fijadas varíen, pues el Supremo fijó en su momento el precio de forma definitiva.
Otras fuentes, sin embargo, han señalado que la empresa podría acudir al contencioso-administrativo, con lo que el proceso se alargaría hasta una sentencia firme del TSJCV, para la que podrían pasar varios años.
Incluso, con un nuevo recurso en casación, el caso podría volver a llegar al Supremo.
La duda se mantiene en torno a los intereses de demora, poco más de un millón de euros, que no han sido satisfechos todavía.
Algunas fuentes consultadas consideran que éstos continuarían creciendo, ya que el ayuntamiento no ha depositado ese montante en la Caja General de Depósito, hecho que propiciaría que el tiempo dejara de correr.
