Vista aérea del estadio Rico PérezALICANTE. ¿A la tercera irá la vencida? El tripartito que gobierna Alicante tiene previsto volver a llevar a la junta de gobierno la propuesta para firmar la condición resolutoria que valide la supuesta reforma realizada por Aligestión en el estadio Rico Pérez y permita al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) asumir la propiedad del inmueble libre de cargas. El gobierno municipal ya ha llevado este punto en dos ocasiones a la junta, pero en las dos la ha retirado (la última, el martes pasado).
Según ha podido saber Alicante Plaza, la próxima semana será la tercera ocasión en la que se intente debatir este asunto, al parecer sin variaciones en su formulación respecto a las dos anteriores. Ello pese a las dudas que este paso genera en los dos socios del PSOE: Compromís y Guanyar se resisten a validar con esa firma la reforma 'fantasma' del Rico Pérez, pese a que es el paso previo para poder entregar el estadio al banco del Consell, que se impuso en la subasta judicial organizada por el administrador concursal de Aligestión.
La condición resolutoria del contrato suscrito en 2007 supeditaba la efectividad de la venta del estadio a la ejecución de reformas en el inmueble por valor de 4,2 millones. Y, como ha venido informando Alicante Plaza, pese a que en 2012 (con el PP en el gobierno) se asumió la ejecución de esas obras y se devolvió el aval depositado como garantía de los trabajos, y pese a que hasta se autorizó la firma de esa cancelación, lo cierto es que nunca llegó a hacerse efectiva y sigue vigente.
El temor de los socios del tripartito es que, al firmar la condición resolutoria, se pueda incurrir en algún tipo de responsabilidad si finalmente se concluye que no se realizaron las obras. En los últimos días se ha barruntado la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre el proceso administrativo de la venta a Aligestión en 2007 y los trámites realizados desde el Ayuntamiento para controlar que dichas obras se ejecutasen. El juez intructor del Caso Brugal estima en su auto de procesamiento contra el empresario Enrique Ortiz, propietario de Aligestión, y los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, que las obras de la discordia no llegaron a realizarse.
