Solo la cautelarísima concedida por el TGUE, evita por ahora que el Elche tenga que pagar los 4,1 millones

ALICANTE. La decisión del juez de calificar como crédito contra la masa los 4,1 millones de euros que reclama la Comisión Europea al Elche, no sacude por ahora los cimientos del club franjiverde gracias al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

La postura del titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, adelantada este lunes nuestro compañero Monserrate Hernández en los micrófonos de Onda Cero, es coincidente con lo que sostienen la Comisión y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), e implica para el Elche que tiene la obligación de afrontar el pago de la citada suma de manera inmediata, algo para lo que conviene recordar que el consejo de administración siempre ha defendido que cuenta con tres opciones: acometer una ampliación de capital, recurrir a recursos propios o a un préstamo participativo. El problema es que la convocatoria de una ampliación de capital necesita del apoyo o abstención de la Fundación y ya sabemos lo que piensa del IVF; en cuanto a la posibilidad de pagar con cargo a recursos propios, cuesta creer que a estas alturas del ejercicio se cuente con esa suma y de cara al siguiente habría que sacrificar muchas cosas; y por lo que se refiere al préstamo participativo, además de que el administrador habría de dar el visto bueno, está por ver que en el consejo hay voluntad de prestarle ese dinero al Elche y con qué condiciones.

La suerte para el club franjiverde es que la resolución del magistrado don José Luis Fortea tiene por ahora un efecto limitado, gracias a que el TGUE concedió una cautelarísma al Elche mientras accede o no la medida provisional de suspensión solicitada por el Elche. 

La cautelarísima puede ser levantada en cualquier momento

Ahora bien, mañana mismo el TGUE puede desestimar la solicitud de medidas provisionales del club, poniendo fin también a la vigencia de la citada cautelarísima y reiniciando el proceso de cobro, de ahí que Diego García no esconda su deseo de que el banco del Consell no reclame la suma mientras no se conozca qué ocurre con el recurso... 

Pero el IVF y el Reino de España no pueden hacer eso porque, además de estar en juego su credibilidad, se exponen a ser sancionados por no atender a las exigencias de una Comisión que, por otro lado, en este tema es muy clara: o se paga de manera efectiva e inmediata o se lleva la sociedad a liquidación. Ambas salidas serían válidas, a ojos del ejecutivo comunitario para compensar el desequilibrio generado en el mercado por el aval de 2011 que la decisión de recuperación dictada el pasado verano por la Comisión pone en solfa.