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respuesta municipal a la petición de permiso de derribo

San Vicente se pone duro con Cemex y le marca límites para hacer negocio con su antigua fábrica

27/06/2017 - 

SAN VICENTE. El Gobierno de San Vicente le lee la cartilla a Cemex y le refresca los límites que rigen sobre sus antiguas instalaciones en el municipio en el momento en el que trate de sacarles rédito: en su complejo industrial, cerrado y sin actividad desde 2009, existen hasta seis edificios protegidos a conservar y, además, el ámbito en el que se encuentra está calificado como suelo industrial. Es más, conservará esa condición en el futuro Plan General Estructural, ahora en proceso de elaboración, sin posibilidad de que se lleve a cabo ninguna recalificación para dar cabida a un uso residencial, según concretó la edil de Urbanismo, Mariló Jordá (Guanyar). Sobre todo porque, pese a su proximidad respecto a la trama urbana, se trata de una zona separada del área habitada del municipio por la vía del ferrocarril.

El recordatorio de esos límites es la respuesta que la Concejalía de Urbanismo acaba de remitir a la dirección de la multinacional después de que solicitase licencia para demoler las instalaciones de su antigua fábrica, en un escrito registrado el pasado 2 de junio. De acuerdo con el proyecto que acompaña a esa solicitud, la multinacional planea demoler y desmantelar toda la planta para poner fin a posibles problemas de seguridad, derivados del deterioro de los edificios y de las dificultades que entraña el control de acceso al recinto. Sobre todo, a la vista de varios episodios de derrumbes menores, de la declaración de algunos conatos de incendio y de la entrada incontrolada de particulares, como grupos de jóvenes que estarían utilizando la fábrica para practicar parkour, un movimiento entre el deporte y las acrobacias originario de Francia.       

En ese proyecto no se concreta ninguna actuación posterior que Cemex pudiese estar interesada en desarrollar en el futuro, cuando concluya la demolición de la planta. Hasta la fecha, ni bajo el mandato del actual equipo de Gobierno -un tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís-, ni durante los dos anteriores, con el PP al frente de la Ayuntamiento, ha trascendido que la compañía tuviese algún plan concreto para dar un uso con fines lucrativos a esos terrenos, aunque sí ha llegado a ofrecer su venta a la administración local a cambio de suelo urbanizable (en el que poder construir) valorado en 15 millones de euros, según precisaron fuentes municipales. Para el Ayuntamiento, ese acuerdo resulta inalcanzable, ya que no dispone de patrimonio municipal de suelo para cubrir esa cantidad, según las mismas fuentes.

Urbanismo recuerda a la multinacional que existen seis edificios protegidos que no puede demoler; además, el suelo seguirá siendo de uso industrial

Con la llegada del nuevo equipo de Gobierno al poder (tras varios contactos previos por parte del PP), se trató de implicar a la Universidad de Alicante (UA) para convertir el histórico complejo industrial en un centro para el emprendimiento y la innovación asociado de algún modo al parque científico del propio campus, o como ejemplo de arquitectura industrial. Pero esos contactos no han llegado a fructificar, ya que la UA ya dispone de suelo para satisfacer esas necesidades. El Ayuntamiento también ha tratado de obtener financiación europea para revitalizar esos edificios en hasta dos convocatorias de la llamada estrategia DUSI y, según confirmó Jordá, el objetivo es volver a concurrir para lograr esos fondos con un tercer proyecto.

Por lo pronto, la respuesta remitida por Urbanismo a la compañía no descarta la concesión de la licencia, pero sí insta a subsanar algunas deficiencias. Entre ellas, la obligación de conservar esos seis inmuebles incluidos en el catálogo de bienes y espacios protegidos del municipio con un nivel de protección parcial que impide su demolición: el edificio de las oficinas centrales, los hornos giratorios, los silos, la chimenea, el pabellón de trabajadores y el laboratorio. Además, le conmina a aportar un plan de eliminación de residuos concertado con un gestor autorizado, a procurar un plan de seguridad por la retirada de amianto y a revisar el valor de ejecución de las obras propuestas, ya que se cifran en poco más de 845.000 euros, cuando los informes municipales calculan que los trabajos pueden superar los seis millones.

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