Orihuela alega contra el plurilingüismo: los interinos no puede elegir el idioma por las familias 

ORIHUELA. El PP redobla su presión contra el decreto del plurilingüismo de la Conselleria de Educación, que viene a introducir más horas de docencia en valenciano a la par que el inglés, pero menos en castellano. De ahí que a la iniciativa presentada por los populares en los municipios de habla castellana del Vinalopó, se suma ahora los de Orihuela y el PP de la Vega Baja.

Para el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, considera que el decreto de plurilingüismo como “un atentado contra la seguridad jurídica por su ambigüedad en muchos aspectos”.  "Consideramos que las aspiraciones de este decreto van más allá de las estrictamente académicas intentando convertir la lengua en un instrumento donde se afiance una determinada forma de pensamiento y una determinada forma de entender y vivir la lengua”. En su opinión, un alumno que quiera obtener el B2 de inglés y el C1 de Valenciano al finalizar el segundo curso de Bachillerato, “tendrá que estar en un centro que haya implantado el nivel avanzado 2, y ello comportará tener que dar más de la mitad de las asignaturas en valenciano, en detrimento de las que se impartirán tanto en inglés como en castellano”.

En las alegaciones del consistorio oriolano, se insiste en que el modelo que quiere implantar cada centro será elegido mediante el claustro de profesores y el Consejo Escolar, “dejando al margen la opinión de las familias, siendo la parte más directa e interesada en esta elección”. Bascuñana recuerda también que la Vega Baja “es una de las comarcas con más profesorado interino, por tanto, que sea el profesorado casi en exclusiva quien decida qué nivel de plurilingüismo implantar sin contar con las familias y con la posibilidad que al siguiente año ese profesorado ya no esté en el mismo centro, es un grave desacierto”. Por lo que el primer edil oriolano considera que la solución “pasaría por dar cabida también a las familias y que sean los padres y madres quienes participen de una decisión tan relevante en la formación de sus hijos”.

Por otra parte, siendo los propios centros los que eligen el nivel, “existe un desajuste, obstaculizando la transferencia de alumnos entre centros” que, en pedanías, por ejemplo, puede darse el caso de que se imparta el nivel básico de valenciano y los alumnos estén obligados a trasladarse a otros centros para estudiar Bachiller y en el que se imparta el nivel avanzado de valenciano, “no existiendo ningún proceso de adaptación que evite esta discriminación entre alumnos de diferentes niveles”.

Las alegaciones presentadas también manifiestan la discriminación positiva hacia el valenciano, ligada tanto a la acreditación de los idiomas como a poder disponer de más horas en inglés, “supone una discriminación negativa hacia los alumnos que actualmente cursan la línea en castellano”. Los centros que prioricen el castellano no podrán dar el máximo de tres asignaturas en lengua extranjera y, según manifiesta el alcalde en dicho escrito, “consideramos que las lenguas cooficiales se pueden potenciar sin necesidad de penalizar una tercera”. 

Así, el PP sostiene que “el escenario propuesto constituye una consciente utilización de una lengua, como el inglés, para lograr objetivos ideológicos y el predominio lingüístico del valenciano”. Bascuñana también reclaman, en las alegaciones, la falta de regulación de “la exención del valenciano para alumnado que venga de fuera de la Comunidad o porque en su centro esté implantado el nivel básico”. En definitiva, el primer edil oriolano continúa defendiendo “la no imposición del valenciano y la no discriminación hacia los castellanohablantes”. 

Los funcionarios, también en valenciano

Por su parte, el Partido Popular de la Vega Baja ha tildado de “falta de respeto a la comarca” la obligación de que los funcionarios se dirijan al público en valenciano “máxime, teniendo en cuenta que ni unos ni otros se expresan ni se comunican habitualmente en esta lengua”, según ha explicado el coordinador comarcal, Adrián Ballester.

“El valenciano va a suponer un problema para la administración en la Vega Baja”, ha dicho. “Somos una comarca, abierta, sencilla y acogedora, donde la gente se entiende hablando y no comprende, no comparte y no acepta este tipo de imposiciones sectarias, sin sentido y abiertamente hostiles”.

Ballester ha explicado que “la reunión comarcal ha servido para poner en común temas muy importantes para la Vega Baja”. En este sentido, ha destacado que “no podemos entender cómo en una comarca castellanoparlante se quiere obligar a los funcionarios públicos a atender al público en valenciano. Es una falta de respeto a los funcionarios y los ciudadanos. No estamos dispuestos a transigir con este despropósito hacia la comarca”.

En este sentido, ha recordado que el Partido Popular ya presentó en los ayuntamientos mociones para “que el desconocimiento del valenciano en la Vega Baja no fuera un obstáculo para acceder a un puesto de trabajo en la función pública. Como se ha demostrado, el tripartito de la Generalitat no sólo no escucha a la Vega Baja, sino que además desprecia las decisiones de sus ayuntamientos”.