ALICANTE. El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, anunció el pasado sábado en el congreso regional de su formación política, el PP, que piensa eliminar por completo a partir del próximo año el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que actualmente ya tiene bonificado al 99% para el caso concreto de los relevos generacionales en las empresas. Un anuncio que ha pasado algo desapercibido hasta el momento en la Comunitat Valenciana, pero que sí ha calado entre la clase empresarial. Sobre todo en la provincia de Alicante.
La política fiscal del Gobierno murciano va así en dirección diametralmente opuesta a la del conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, que este año ha reducido al 50% la bonificación de este impuesto para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros al año, tal como ha venido contando Alicante Plaza. Pese a que el conseller insiste en que no se han cambiado las condiciones y que incluso se amplía los beneficiarios (familiares en segundo grado) para el caso de las pymes, lo cierto es que las empresas familiares con cierto grado de facturación ven cómo se encarece el relevo generacional, tal como ha denunciado la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa).
La iniciativa de Pedro Antonio Sánchez, que se aplicaría a partir de 2018, podría servir como 'gancho' para que empresas de la provincia de Alicante optasen por trasladar su sede fiscal a la Región vecina, según las fuentes empresariales consultadas por este diario. Especialmente, en el caso de aquellas sociedades que operan en la zona de la Vega Baja, donde los sectores con más tirón son precisamente los líderes de la economía provincial: el agroalimentario y la construcción.
En este sentido, las fuentes consultadas señalan que la venta de segundas residencias a extranjeros se ha mantenido en los últimos meses, pese a la inquietud por el Bréxit, gracias a Torrevieja, Guardamar del Segura, Orihuela Costa y sus áreas de influencia. Como ejemplo del potencial de las empresas de la comarca, la promotora Euromarina, heredera del fundador de la megaurbanización Ciudad Quesada en Rojales, se acaba de sumar al selecto club de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Las empresas familiares de Alicante ya han anunciado que estudian si se puede impugnar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat por eliminar la bonificación de la que sí disfrutan otras regiones, como la murciana. En este sentido, encargaron a principios de año al despacho de Cuatrecasas que estudiara si había base para presentar un contencioso, tal como contó este diario. Varios expertos consideran que hay materia para recurrir por la vía administrativa por los criterios que se utilizan para establecer qué empresas no pueden optar a la bonificación de este gravamen (el volumen de facturación, en lugar de los beneficios).
El presidente de Aefa, Francisco Gómez, admite que la bonificación fiscal en Murcia, como sucede en otras autonomías como Madrid, puede servir como aliciente para que algunas empresas de la provincia piensen en cambiar de ubicación. "Con esta fiscalidad, la Generalitat está empujando a las empresas a irse de la Comunitat Valenciana", advierte en declaraciones a Alicante Plaza. "Madrid o Murcia resultan más atractivas en este sentido", argumenta, "y Murcia está ahí al lado". De hecho, considera que "si una empresa está decidiendo en estos momentos dónde instalarse y duda entre Alicante o Murcia, seguro que se va a la Región vecina".
El empresario también advierte de que la rebaja en la bonificación ha paralizado muchos procesos de relevo generacional, porque "los empresarios que se habían planteado ceder la empresa a sus hijos ahora están esperando, por si cambia el Gobierno autonómico y vuelve a implantar la bonificación". También se aceleraron antes de la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos, puesto que muchas transiciones se llevaron a cabo en diciembre. De hecho, según los datos autonómicos recopilados por el Colegio Notarial de Valencia, las donaciones entre los alicantinos se duplicaron en diciembre para esquivar la subida del impuesto, y pasaron de las 654 de 2015 a 1.517 en 2016, tal como publicó este diario.
No obstante, desde la Conselleria de Hacienda se insiste en que no se perjudica a las empresas familiares y que es la política fiscal del ministro Cristóbal Montoro la que las castiga. El Estado tiene fijada la bonificación de este impuesto, para el caso de las empresas familiares, en el 95% de la base imponible del valor de la empresa a heredar. El Consell defiende también que el valor de la empresa familiar no se suma al del resto de los bienes de los empresarios en el Impuesto de Patrimonio, bonificado en este caso al 100%.
Aefa trabaja con el Consell una nueva normativa para ampliar bonificaciones en la transmisión de propiedad para la empresa familiar.