Foto: JORGE GIL/EPHa causado cierta sorpresa, acompañada de una absurda polémica, el hecho de que en la factura del agua de los valencianos esté llegado de nuevo con el canon de saneamiento –que se llama "canon" pero es un impuesto de la Generalitat–, que además va acompañado de un recargo por el canon aplazado en los últimos doce meses. En realidad, no debería sorprender, porque es lo que aprobó el Gobierno de Ximo Puig en julio de 2022 y luego en enero de 2023: aplazar primero seis meses y luego otros seis más –hasta pasadas las elecciones del 28M– el cobro de este impuesto para aliviar los efectos de la inflación.
Aplazar no es perdonar. Como especificaba el decreto y como publicó este periódico, las cuotas aplazadas serían exigibles "en los recibos o facturas emitidos durante los dieciocho meses posteriores". Es decir, que se pagarían a plazos junto al canon mensual recuperado a partir de agosto de 2023.
Lo más chocante es ver al exconseller de Hacienda, Arcadi España, criticando a Mazón por castigar a los contribuyentes con ese recargo cuando fue él, como conseller del Gobierno de Puig, quien aplazó su cobro. Si no quería que lo pagáramos, que lo hubiera suprimido esos doce meses en lugar de aplazarlo.
Dicho lo cual, uno se suma a la moción para pedir al nuevo jefe del Consell y a su consellera de Hacienda, Ruth Merino, que, ya que han eliminado el que denominan "impuesto a la muerte", nos libere también de los pagos aplazados de este impuesto a la vida. El agua es vida.
A nadie le gusta pagar impuestos, pero las administraciones necesitan recaudar, así que lo que no graven por aquí lo gravarán por allá. Se dice que el de Sucesiones y Donaciones –el "impuesto a la muerte" es solo el de Sucesiones, pero Mazón ha eliminado los dos en transmisiones entre familiares de primer y segundo grado–, es injusto, pero, si nos ponemos así, también son injustos algunos impuestos a la vida, como el que grava el agua potable o el que tienen que pagar los jóvenes que se quieren comprar su primera vivienda: 12.000 euros por un piso de 150.000, sablazo que sube a 15.000 euros cuando el comprador de su primera vivienda pasa de los 35 años, que tal como está la vida empieza a ser lo normal.
Incluso el impuesto sobre las rentas del trabajo obtenidas con el sudor de nuestra frente –tributar por trabajar– es injusto si se compara con el gravamen sobre las rentas del capital que se generan mientras uno está tumbado a la bartola. Y qué decir del IVA, que es el mismo para ricos y pobres y encarece los productos básicos; encarece aún más el aceite de oliva. Cada uno se rasca donde le pica.
A un servidor no le parece injusto que exista un Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Lo que es injusto es que sea abusivo, como el todavía vigente en la Comunitat Valenciana, uno de los más altos de España y de Europa. Un atraco, aunque no hasta el punto de creerse, como justifica el nuevo Consell, que más de 5.000 familias renuncian al año a la herencia por culpa del impuesto.
Puede que el ISD sea la gota que colma el vaso en algunas ocasiones, pero la inmensa mayoría de las familias que renuncian a una herencia lo hacen porque el causante –como en el argot se denomina al fallecido–, tenía más deudas que bienes, y quien acepta una herencia se queda con los bienes pero también con las deudas, salvo que lo haga a beneficio de inventario por si le queda algo.
La prueba nos la da el Consejo General del Notariado, cuya estadística revela que en Andalucía, donde desde 2019 está suprimido el Impuesto de Sucesiones, hubo 11.138 renuncias a herencias en 2022, un 3% más que un año antes, mientras que en la Comunitat Valenciana hubo menos de la mitad, 5.291, y además la cifra descendió un 1,8% respecto a 2021. Y en la Comunidad de Madrid, donde tampoco se paga por heredar, se contabilizaron 5.736 renuncias, con un descenso del 4,3%. Cifras que parecen indicar que el número de renuncias y su variación depende más del momento económico que de la carga impositiva.
Otro argumento falaz es el de la "doble tributación", según el cual no se puede gravar la herencia porque son bienes por los que ya se ha tributado. Eso no es así, quien ha tributado por esos bienes no es la misma persona. Además, por todos los bienes, incluido el dinero, se tributa repetidas veces. Pagamos IRPF al cobrar un sueldo y luego pagamos IVA cuando compramos con el dinero que nos queda. Pagamos IVA por una vivienda nueva y quienes la compran después tienen que pagar Impuesto de Transmisiones por adquirir ese mismo bien. En el recibo de la luz nos cobran el impuesto de electricidad y sobre él cargan el IVA, un impuesto que grava a otro impuesto... La imaginación de Hacienda no tiene límites.
Y la última justificación es que los 350 millones de euros que se estima que la Generalitat dejará de recaudar es "apenas el 1%" del presupuesto, como si no hiciera un agujero (más) en las cuentas autonómicas. El canon de saneamiento aún supone menos recaudación, por si quieren aliviar este impuesto a la vida ahora cuestionado.
El único argumento que considero válido contra el todavía vigente ISD de la Generalitat es que es desproporcionado. Dice la izquierda que el impuesto solo lo pagan los ricos, cosa que es mentira y un insulto a las familias de clase media que han tenido que hacer un esfuerzo para abonarlo, teniendo que pedir un préstamo o incluso vender el apartamento de Cullera que con tanto esfuerzo compraron los padres.
Familias que además tienen que hacer frente al sablazo del Impuesto de Plusvalía municipal –¿lo van a rebajar Català y el resto de alcaldes del PP cuando se trate de una herencia?–, que en justicia debería pagarse cuando se obtiene realmente la plusvalía, es decir, cuando se vende el piso heredado, pero que la ley obliga a abonar cuando se hereda la vivienda porque el terreno donde se asienta ha subido de valor desde que la compró el finado.
Otro despropósito es que se haga pagar el Impuesto de Sucesiones a menores que han perdido a su padre o madre, o a los dos, quienes precisamente les han dejado unos bienes para que puedan salir adelante. Hay cosas que no son lógicas. Este impuesto no debería castigar a las familias ahorradoras o a las que han creado un pequeño patrimonio para dejárselo a sus hijos. Este impuesto no debería ser un problema para nadie, ese es el criterio con el que debería fijarse la tarifa.
Porque ocurre que hay gente pudiente que sí puede pagar un impuesto razonable sin despeinarse. Y ellos sí deberían pagar este impuesto a la riqueza heredada. Por justicia social, igual que en la renta pagan más quienes más ingresan. Eliminar el impuesto no es fiscalidad progresiva porque lo acabaremos pagando entre todos por otro lado. Habría sido más razonable elevar significativamente el mínimo exento y bajar la tarifa. Puede que, de los 350 millones que se calcula que va a dejar de ingresar la Generalitat, se recaudasen, sin grandes sacrificios de nadie, 50. ¿Y qué son 50 millones en un presupuesto de 30.000 millones? Pues son 50 millones de euros. Ni que fuéramos sobrados.
