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acuerdo de la junta de personal del ayuntamiento de alicante

Los sindicatos instan a Echávarri a anular el cese de la cuñada del líder del PP

25/04/2017 - 

ALICANTE. La controversia desatada en el Ayuntamiento de Alicante a cuenta del decreto de despido de la técnico de la Concejalía de Cultura y familiar del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, la semana pasada, escribe un nuevo capítulo. Esta vez, con la intervención de los representantes de los trabajadores municipales. Cuatro de los cinco sindicatos que componen la Junta de Personal del ayuntamiento -SEP, CCOO, UGT y CSIF- han aprobado, en una reunión convocada de urgencia, una resolución por la que condenan el cese de esa trabajadora municipal, que viene desempeñando sus funciones como interina desde al año 2010, e instan al alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), a anular el decreto de despido para propiciar su reincorporación.

A esa petición no se ha adherido el sindicato SPPL, que se ha abstenido tras alegar que no había tenido acceso al expediente relacionado con ese despido.  

Sí ha habido unanimidad en otro punto contenido en el mismo acuerdo por el que se emplaza al primer edil y, por extensión, a la Concejalía de Recursos Humanos que dirige Carlos Giménez, a posponer una posible reestructuración de personal a la apertura de un proceso de negociación para tratar de garantizar la estabilidad del empleo. Además, la Junta de Personal solicita una reunión con el alcalde y, por último, reclama a Recursos Humanos información concreta sobre el número de trabajadores interinos del Ayuntamiento, con el detalle de la fecha de su incorporación, para poder abordar ese futuro proceso de negociación sobre posibles cambios en su situación laboral en la mesa que corresponda.

Como viene publicando Alicante Plaza, el despido de la familiar de Barcala (es su cuñada) se precipitó el pasado jueves, dos días después de que el grupo municipal del PP acudiese a la Fiscalía a presentar una denuncia por prevaricación administrativa por el supuesto fraccionamiento de contratos que se habría cometido en los 25 encargos directos impulsados desde la Concejalía de Comercio. 

El alcalde, Gabriel Echávarri, admitió en su cuenta en una conocida red social el pasado domingo que la denuncia por los encargos de Comercio había acelerado la decisión del cese de la cuñada de Barcala, con la que ya se venía trabajando desde hacía meses junto a la de otros 30 empleados municipales contratados de forma interina a la vista de la recomendación de la Sindicatura de Greuges en la que se alertaba de esa anomalía, en respuesta a la queja formulada por un sindicato. Muchos de esos interinos, según detallaba el primer edil en sus explicaciones, guardan alguna vinculación directa o indirecta con el PP. 

Echávarri admitió, en esa misma publicación en su cuenta de Facebook, que podía haberse equivocado en el momento en el que se adoptó el acuerdo, pero defendió que se trata de una medida necesaria para garantizar las condiciones de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades por las que debe regirse el empleo público. 

El portavoz del equipo de Gobierno y líder de Compromís, Natxo Bellido, ha reiterado este martes su rechazo sobre el acuerdo de despido y ha emplazado al alcalde a anularla para abordar desde cero el proceso de regularización de los funcionarios que se encuentren en esa misma situación (interinos, contratados sin haber pasado una oposición) en la mesa de negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "que es donde corresponde".

En parecidos términos se ha expresado el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, en declaraciones recogidas por Radio Alicante, en las que se ha mostrado partidario de que no se produzcan nuevos despidos.

Echávarri, por su parte, ha asegurado también este martes que no iba a hablar sobre "cuestiones internas que atañen al equipo de Gobierno", en relación a las palabras de Bellido, y ha insistido, como también había apuntado el líder de Compromís en sus declaraciones previas, que "el ruido sobre una supuesta desunión interna" en el equipo de Gobierno, "que es menor de la que se traslada, impide que se vea el trabajo y la gestión" que se están consiguiendo para la ciudad de Alicante.  

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