ALICANTE. Las denuncias de acreedores alicantinos contra la promotora valenciana Nou Temple por incumplir el convenio que se aprobó en 2010, que tal como desveló este diario han saltado al plano penal, avanzan en paralelo en las dos jurisdicciones. Así, la magistrada del juzgado de Instrucción 11 de València acaba de dictar un auto de incoación de palo con el que pone fin a las diligencias previas iniciadas tras la denuncia de un particular, que compró a la promotora una vivienda que nunca le entregaron, y de la que tampoco ha recuperado las cantidades entregadas a cuenta desde 2006.
La denuncia parte de un comprador de una vivienda de la promotora de Vicente Flames, que firmó el contrato en 2006. El concurso de acreedores del grupo motivó que la vivienda nunca se terminase (es una de las promociones paralizadas que deberían haberse reanudado para cumplir con el plan de viabilidad), y el comprador denuncia que tampoco ha logrado recuperar las cantidades entregadas a cuenta desde la firma del contrato. Según el auto, al que ha tenido acceso Alicante Plaza, el precio de la vivienda era de 122.622 euros, de los que el querellante habría entregado 22.537,40 euros. La ejecución de la finca, sin embargo, no ha llegado a realizarse y no se ha procedido a la devolución del dinero entregado a cuenta a pesar de los requerimientos del denunciante.
La magistrada considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida, del cual serían responsables el empresario, como administrador único de Promociones Nou Temple S.L.U., y la representante legal de Naios Consultores Asociados S.L., la sociedad cabecera del grupo y socia única de la primera. Así, el auto de incoación de palo pone fin a las diligencias previas y da traslado de su resultado a las partes, para que en un plazo de diez días el fiscal, la acusación particular y la defensa soliciten la apertura de juicio oral (plasmando ya sus acusaciones en un escrito de calificación) o bien el sobreseimiento. Excepcionalmente, alguna de las partes puede también pedir la práctica de nuevas diligencias.
Como publicó este diario en septiembre, Nou Temple tiene abiertos dos procedimientos penales al margen de las denuncias de incumplimiento del convenio en el juzgado de lo Mercantil. Una de ellas es esta, que se inició por las sospechas de que se habrían empleado avales falsos en la firma de la compraventa de la citada vivienda. La segunda, en el juzgado de Instrucción 12, fue instada por los mismos acreedores alicantinos que denuncian el incumplimiento del plan de pagos, y se refiere a la supuesta despatrimonialización de las sociedades concursadas tras aprobarse el convenio de acreedores.
Por otra parte, el juez de lo Mercantil número 1, que había señalado para este martes hasta cuatro vistas consecutivas (una para cada una de las tres concursadas, a requerimiento de los pequeños acreedores, y una cuarta para todo el grupo a instancias de los administradores concursales), ha aceptado la solicitud de Flames para aplazarlas por un viaje de negocios a París. La única vista que se mantiene es la que atañe a los administradores concursales, que reclaman parte de sus emolumentos impagados, dado que en su caso no solicitaron la testifical del empresario, como sí hicieron los acreedores alicantinos.
La mayoría de estos acreedores son autónomos y pequeñas empresas de la Marina Alta alicantina, que trabajaron como proveedores de Nou Temple en las promociones desarrolladas en la zona, y que denuncian que la promotora no ha cumplido el plan de pagos establecido. El convenio, a ocho años, termina su vigencia el próximo verano, sin que según estas denuncias se esté cumpliendo con el pago comometido (el 50% de la deuda concursal). Si el juez resuelve que efectivamente se ha incumplido el convenio, la promotora se vería abocada a la liquidación.