José Ramón Lillo, junto al presidente de Coepa, Paco Gómez. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El actual secretario general de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante (Coepa), José Ramón Lillo, declarará ante la juez que instruye la denuncia del Servef por presunto fraude en subvenciones en calidad de testigo, y no de investigado. Así lo acuerda la titular del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, tras admitir las alegaciones de la patronal alicantina, en un auto al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
La juez considera que, tal como alega la defensa de la patronal, Lillo no ostentaba cargo de responsabilidad alguno en la organización en la época en la que se produjeron los hechos denunciados (durante la construcción del Centro de Oficios que ahora se ha quedado el Instituto Valenciano de Finanzas), y por tanto no procede citarlo como investigado (antes imputado), según el articulo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino como testigo. De esta forma, deja sin efecto la resolución de 29 de noviembre que citaba a Lillo como investigado. Ni Fiscalía ni Servef se han opuesto al recurso de Coepa.
El actual secretario general de la organización empresarial declarará así el próximo 1 de febrero como testigo en la causa que investiga si la patronal alicantina desvió el dinero en subvenciones recibidas del Servef para levantar su Centro de Oficios, tal como sospecha la Administración autonómica. Como ha venido contando Alicante Plaza, el Servef ha denunciado a la patronal de Alicante por fraude en subvenciones, estafa, apropiación indebida e insolvencia punible, por la tramitación presuntamente irregular de más de 1,9 millones de euros en subvenciones para sufragar la construcción del centro.
La querella se sustenta en la presentación de facturas duplicadas por parte de la organización empresarial para justificar las obras, para las que recibió 3,8 millones en subvenciones del Servef y otros 3 millones en forma de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que no ha devuelto. El IVF, de hecho, se ha quedado con la propiedad del Centro de Oficios en el concurso de acreedores de la patronal, para saldar la deuda (aunque aún no ha ejecutado la garantía hipotecaria, y Coepa propone una dación en pago más ágil y económica).
Los hechos denunciados ocurrieron durante la etapa de Modesto Crespo al frente de Coepa. Desde la patronal se negaron los hechos nada más conocer la denuncia, al defender que no existe duplicidad de facturas puesto que en ningún momento se trató de presentar dichos documentos contables como correspondientes a trabajos distintos, sino para justificar los mismos trabajos ante instancias distintas. De hecho, fue la propia Coepa la que pidió a la juez que citase a Lillo, para explicar la documentación que se ha remitido sobre la construcción del polémico edificio y demostrar que no se produjo ninguna irregularidad ni fraude.
Lillo fue nombrado secretario general este pasado verano, al terminar un ERE que redujo a solo dos personas la plantilla a tiempo completo de la patronal, una circunstancia que ha alegado Coepa para lograr su desimputación. Con el mismo argumento, la patronal logró también que la juez retirara la citación a su actual presidente, Francisco Gómez, dado que en los años en que se construyó el Centro de Oficios no formaba parte de la cúpula de Coepa.
