La intervención ve descontrol en la política laboral y de ayudas de Santa Pola: los festeros deben devolver 10.000 euros 

SANTA POLA. El informe anual de la intervención del Ayuntamiento de Santa Pola ha detectado múltiples irregularidades en la gestión del equipo de gobierno del PP tras el análisis del ejercicio de 2021. Hay algunas anomalías que podría considerarse como problemas comunes en los consistorios, como son las de contratación, y otras más específicas en Santa Pola, sobre todo, referidas al área de Personal y la concesión de ayudas. En este último caso, la intervención cita la subvención de 26.000 euros que le concedió el ayuntamiento en Santa Pola, de la que el propio ayuntamiento pagó 10.400 euros y que ahora debería, según el informe, la Unión de Festeros al no estar adecuadamente acreditada la justificación de la cantidad recibida.

La intervención detectó anomalías en los siguientes contratos públicos: recogida y vertido de enseres, sin haberse tramitado expediente alguno; servicio de mantenimiento del servicio corporativo de internet y telefonía fija, que adolecía de contrato, por lo que se realizaron contratos menores hasta su adjudicación; servicio de desratización, desinfección de plagas, se tramitan facturas sin contrato o se incoan expedientes con contrato menor, que adolece de planificación; en el contrato de suministro de material para el parque móvil se tramitan facturas sin contrato o se incoan expedientes con contrato menor,  y, por lo tanto, adolece de planificación; contrato de servicio de limpiezas municipales, contrato mantenimiento de ascensores edificios municipales y modificación de contrato de obra sin seguir los trámites oportunos (referidos a las obras del colegio Cervantes) y el contrato de servicio procurador en tribunales, que está sin nombramiento.

En total, el Ayuntamiento de Santa Pola ha tramitado gastos por valor de 4.049.885,40 euros sin contar con el contrato preceptivo y/o consignación presupuestaria, según revela el informe. El pago medio a proveedores superó los 150 días en el tercer y cuatro trimestre del ejercicio, si se tiene en cuenta la diferencia entre el ratio de las operaciones pagadas y pendientes de pago.

Respecto al área de Recursos Humanos -como también detecta la empresa auditora Global & Local Audit, la intervención considera que el ayuntamiento debería disponer de un organigrama general actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional; definir claramente las funciones de todos y cada una de las áreas involucradas en relación con la gestión de las nóminas (Personal, Tesorería, Intervención y empresas externas contratadas al efecto) de manera que se garantizara una adecuada segregación de funciones, y diseñar unas políticas de contraseñas o accesos a registros y archivos. Respecto al pago de complementos retributivos sobre el personal municipal, la intervención, tras el análisis aleatorio de varias nóminas, ha detectado que no se dispone de los criterios por los cuales la corporación asigna a cada puesto de trabajo su respectivo complemento de destino atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia, mando y complejidad funcional de los servicios; se desconoce el método de cuantificación por las retribuciones entregadas en concepto de complemento específico; que el complemento de productividad del personal funcionario del Ayuntamiento percibe un importe de forma fija y periódica y con la máxima retribución fijada por la propia entidad, por lo que no obedece a un especial rendimiento, una actividad extraordinaria o un interés o iniciativa en el desempeño y, por último, las retribuciones entregadas a los miembros de la Policía Local en 2019 en concepto complemento específico son incrementadas aproximadamente un 4%, porcentaje superior al máximo del 2,5% de incremento retributivo para el personal al servicio del sector público, según detalla la intervención.

En el área de Fiestas, la supervisión municipal cuestiona los contratos de adjudicación de los castillos de fuegos artificiales para las fiestas de los años 2017, 2018 y 2019 y que algunos acreedores de estos contratos acumulan saldos superiores a los legalmente establecidos, por lo que deja entrever que "podría interpretarse que se han realizado fraccionamientos de contratos y con ello eludir otros procedimientos de contratación y los principios que deben regir de publicidad, concurrencia y transparencia".

Por último en el caso de las subvenciones se explicita de manera más amplía el caso de la ayuda a la Unión de Festejos de 2019, de la que dice que no constan  ni los libros ni registros contables del beneficiario, así como los extractos bancarios del beneficiario para comprobar los pagos de las facturas. Del análisis de toda la documentación, la intervención llega a la conclusión de que "no se considerarían subvencionables los gastos justificados, presentados en la primera cuenta justificativa y la Asociación Unión de Festear deberá reintegrar el importe de 10.400 €, sin posibilidad de percibir la cantidad restante. de la subvención". Y apostilla que "este expediente se remitió a la fiscalía de Elche en fecha 20 de enero de 2021".