Gabriel Echávarri, este lunes, a su llegada a la sala de prensa del Ayuntamiento. ALICANTE. La Fiscalía se ratifica y se opone al archivo de las diligencias sobre el llamado 'caso despido', en el que se investiga el supuesto cese irregular de una trabajadora interina, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. Fuentes del Ministerio público han confirmado que se interesa la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, la antesala de la apertura de juicio, para el alcalde, Gabriel Echávarri, al considerar que existen indicios de un delito de prevaricación en su proceder.
No obstante, la acusacion publica plantea el sobreseimiento para el edil de Recursos Humanos, Carlos Giménez, hasta ahora también investigado como firmante del decreto de despido, ya que se considera que actuó en base a la confianza de los técnicos, que informaron que sí existía base legal para el despido.
En el caso de Echávarri, la Fiscalía sostiene que pudo incurrir en un supuesto de desvío de poder para adoptar una decisión arbitraria, al acordar el despido de sólo una empleada municipal entre otros trabajadores que se encontraban en la misma situación (con el objeto de su contrato extinguido), como represalia frente a la actuación del PP después de que su portavoz presentase la denuncia por el presunto fraccionamiento de contratos del llamado caso Comercio.
Según las mismas fuentes, Fiscalía considera que el alcalde puso en marcha los mecanismos administrativos para conseguir el objetivo perseguido pese a que no fue él mismo quien ejecutó el despido. Sobre el edil de Recursos Humanos, se habría interpretado que actuó en la confianza de lo que le había expresado el primer edil sobre sus intenciones de regularizar la situación de todos los trabajadores interinos del Ayuntamiento de Alicante.
Con el escrito de oposición de la Fiscalía a la petición de archivo presentada por la defensa de Echávarri, la titular del juzgado de Instrucción número 2 deberá resolver ahora y dictar auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado, como parece probable, o auto de archivo. En principio, no existen más diligencias pendientes de resolución, de modo que la decisión de la jueza no debería demorarse con más trámites.
En el caso de que se dictase un auto de procesamiento, el alcalde todavía podría presentar un recurso ante la Audiencia Provincial para evitar el posible juicio. Ya ejerció ese derecho en el 'caso Comercio', aunque, como ha contado este diario, la audiencia acabó confirmando su procesamiento en un auto conocido el pasado viernes. El alcalde ofreció una comparecencia este lunes en la que defendió que sólo dejaría la Alcaldía si contaba con los quince votos que resultan necesarios para investir alcaldesa a la edil Eva Montesinos, cuando llegue el día en el que se dicte un auto de apertura de juicio firme por los contratos de Comercio.
