La disolución, un fantasma cada vez más real para el Hércules

ALICANTE. En el Hércules nadie esconde a estas alturas que la entidad está abocada a desaparecer si se le vuelve a denegar la suspensión cautelar de la ejecución de la decisión de recuperación.

Ya no se trata, como hace un año, de una amenaza de liquidación voluntaria hueca, de un farol buscando que la Agencia Tributaria se arrugue. Si ahora se habla de lo anterior desde los despachos de Foguerer Romeu Zarandieta y por parte de los propietarios, ya no es en relación al tira y afloja con un fisco al que, por cierto, se sigue adeudando casi la misma cantidad y con el que va a ser todavía más difícil llegar a un acuerdo para el pago aplazado de la misma (teniendo presente la pobre propuesta trasladada por el club hace ahora siete días). 

Si el recurso de casación interpuesto por el Hércules ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es desestimado (la entidad ya fue informada en su momento de que en mes y medio podía haber un pronunciamiento de Luxemburgo al respecto), a nadie se le escapa que el club no podrá hacer frente al pago "inmediato y efectivo" de los siete millones de euros que se le reclaman por parte de Bruselas, entrando en una situación de insolvencia que, "de acuerdo con la responsabilidad social que recae sobre el consejo de administración", obliga a este "a actuar con diligencia" solicitando en sede judicial la declaración de concurso de acreedores o la disolución de la sociedad: como el Hércules se encuentra en fase de cumplimiento de su concurso y de reclamársele los citados siete millones tampoco podría afrontar sus obligaciones con el resto de acreedores, a los consejeros no les quedaría más solución que solicitar la disolución, ya que de no hacerlo se les haría responsables por el juez del pago de la deuda (habrían de afrontarlo con su patrimonio). 

Y sí. El Hércules desaparecería, pues tras esa solicitud de disolución el juez nombraría un administrador concursal, quien se encargaría de tutelar la segunda y última fase de un proceso que sería rápido al no contar el club blanquiazul con muchos activos precisamente: hablamos de la liquidación, es decir, la compensación del activo con el pasivo de la sociedad, el pago ordenado de las deudas en la cuantía que lo permita la venta de sus bienes y derechos. 

Continuidad del fútbol en Alicante

Es en ese punto, en la fase de liquidación, donde se abre la puerta a la continuidad del fútbol en Alicante, que no del Hércules... 

En el primero de los tres concursos que ha vivido la entidad desde la llegada de Enrique Ortiz, los abogados contratados por el constructor identificaron (logrando que administrador y juez así lo reconocieran) como activos de la sociedad desde la plantilla a la sala de trofeos (estos se llegaron a tasar por peritos): la venta de los derechos económicos sobre sus jugadores, la enajenación de los trofeos..., lo anterior podía reportar un ingreso con el que pagar parte de la ingente deuda que llevó al club a la insolvencia. También era entonces y es hoy un activo lo que se conoce como unidad productiva :en el caso que nos ocupa (un club de fútbol), el negocio que comporta el equipo que juega los partidos, su promoción comercial (cesión de marca, por ejemplo), la venta de sus derechos de televisión... Sería la enajenación de esa unidad productiva la que podría permitir garantizar la continuidad del fútbol en Alicante, pero no del Hércules y su legado histórico dada la vigente normativa federativa y las severas limitaciones que impone: denominación, colores, escudo, escenario de sus partidos e incluso identidad de los dirigentes... Habría que romper con el pasado, nadie podría decir que el nuevo club es una refundación del Hércules, porque no puede haber la más mínima confusión ya que, al tiempo que se llena el vacío que deja la entidad blanquiazul, se trata de eludir el pago de su deuda (el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es muy claro en esta cuestión: si hay confusión, el club refundado ha de asumir la deuda del originario). De hecho, el equipo de nuevo cuño no podría ocupar la plaza del Hércules en Segunda División B, ya que la RFEF entiende que los derechos federativos son de su propiedad y solo los cede a los clubes.

Hasta que en 2013 se puso coto normativamente a las refundaciones, hubo varios equipos que lograron nacer a partir de las cenizas de un histórico, libres de deudas y ocupando la plaza de ese club desaparecido a través de la compra de la unidad productiva. Es el caso del Lleida Esportiu y de la desaparecida Unió Esportiva Lleida que fue liquidada en 2011 con un pasivo de 30 millones de euros: el nuevo Lleida inició su andadura en la temporada 2011/2012, ocupando la plaza en Segunda B del primitivo Lleida.

El caso del Orihuela

No obstante lo anterior, en la provincia de Alicante tenemos un caso en el que se rizó el rizo, pues aconteció después del citado cambio normativo.

En el verano de 2014 y tras no lograr remontar el vuelo económicamente después de declararse en concurso de acreedores, el Orihuela Club de Fútbol entró en fase de liquidación, pero el administrador concursal incluyó la plaza dentro de la unidad productiva, en el marco de un plan de liquidación de la entidad que fue aprobado por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante. Esa decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante por la RFEF, pero la sección octava desestimó la apelación y ahí está hoy el 'nuevo-viejo' Orihuela, jugando de amarillo y en Los Arcos. 

Por cierto, lo anterior se produjo después de no pocos avatares:  un descenso administrativo a Tercera en julio de 2012, por no depositar el aval de 200.000 euros que exige a RFEF; un 'ascenso judicial' a Segunda B en septiembre de ese año, ya que el juez entendió que al estar el club escorpión en concurso, la Federación no podía obligarle a cumplir la exigencia del aval; un descenso en el césped a Tercera a la finalización de la 2012/13; y un último 'descenso judicial' también a Tercera, categoría en la que el Orihuela jugaba ya, decidido por la Audiencia Provincial de Alicante a instancia de la Federación en septiembre de 2013.