Miguel López, custodiado a la salida de los juzgados de Alicante. Foto: EFEALICANTE (EP). La defensa de Miguel López, el yerno de Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que fue hallada muerta con disparos en la cabeza el 9 de diciembre en Alicante, ha recurrido la decisión del juez de Instrucción de mantenerlo en prisión provisional alegando que no existen indicios "ni muchos, ni pocos, ni fuertes ni débiles" en su contra. Además, argumenta que a "nadie en su sano juicio se le ocurriría programar la muerte de su suegra en su propio centro de trabajo -el concesionario Heras Motor Novocar-, con la posibilidad de que cualquiera de los nueve empleados que se encontraban allí, cualquier cliente, o cualquier viandante apareciese de repente en la escena del crimen".
Así lo manifiesta el letrado José Antonio García en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado contra el auto del juzgado de Instrucción número 7 de Alicante que acordó la prisión provisional para su defendido. Para esta parte, en este caso la investigación policial ha tenido un "claro sesgo" ya que considera que se ha trabajado "en sentido inverso" al haber apuntado a un pretendido culpable primero y después manejarse la información sobre este supuesto.
En esta línea, recalca que solo se realizaron diligencias respecto a las hijas de la fallecida y sus familias y no sobre el hijo de la víctima, Vicente Sala, y su propio entorno o la hermana de la fallecida, con lo que "se ha perdido la oportunidad de conocer si hubo alguna llamada, o cualquier otro tipo de comunicación o movimiento, en relación a los no investigados que pudieran justificar otra línea de investigación, en concreto respecto de los negocios millonarios que se desarrollan en Sudamérica, de cuyos detalles solo tiene conocimiento Vicente Sala y que perfectamente pudieran haber dado lugar siquiera fuera indirectamente a la muerte de su madre".
Asimismo, el recurso rechaza el móvil económico, ya que, según expone, las discrepancias tanto en el plano personal como en el societario "no justifican en modo alguno la muerte violenta producida. Las diferencias y las fuertes discrepancias en el seno de las empresas no son algo extraordinario en el devenir normal de una sociedad, ni mucho menos". Además, argumenta que la muerte de Mari Carmen Martínez no afecta a la titularidad de la acción de oro -acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación bajo ciertas circunstancias-, "pues Vicente (el hijo) es el destinatario final de la misma". A ello añade que López no es socio de ninguna de las empresas en cuestión.
En esta línea, agrega que tampoco encaja que el autor material del crimen "no se desprenda del arma ni elimine las evidencias que puedan comprometerle porque tiene que ir a escuchar lo que se dice en una reunión, para después, tras comunicarle sus empleados por teléfono lo ocurrido, se dirija entonces a su casa, donde sabe además que todo queda registrado por las cámaras de vídeo vigilancia, para entonces desprenderse del arma y lavarse, todo en un tiempo récord de tres minutos". Por ello, concluye que "no existen notorias lagunas" en las declaraciones de su cliente respecto a los movimientos posteriores al crimen, pero sí en el relato policial.
También rechaza el indicio contra su cliente como "experto tirador" y destaca en este punto la "contradicción interna" de un atestado que lo califica así "para mantener al mismo tiempo todo lo contrario a fin de descartar la tesis del sicario: nerviosismo e inexperiencia del autor". A su juicio, ello es una muestra evidente del "voluntarismo que ha guiado la instrucción policial desde un inicio, buscando siempre un determinado resultado".
Por otra parte, la defensa resalta que López está "plenamente arraigado" en Alicante desde un punto de vista tanto laboral como económico, por lo que es "directamente una clara prueba (frente a la mera hipótesis que plantea el auto) de que no se sustraerá a la acción de la justicia". Así, sostiene que si hay riesgo de huida, el detenido se podría haber fugado antes de la detención, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el crimen -9 de diciembre- y la actualidad.
En lo referente al riesgo de que influya en los testigos, el abogado plantea que aunque éstos ya han sido interrogados en varias ocasiones, y teniendo en cuenta que a quien consideraban su "jefa" era a la víctima, existen otros medios para impedirlo que no sea estar en la cárcel. Así, propone otras medidas como un arresto domiciliario o una orden de alejamiento del establecimiento de automoción que regenta y de las personas que trabajan allí cuyos testimonios forman parte de la investigación.
