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en ella trabajaba supuestamente la hermana del ex alcalde

La clínica bajo sospecha no pagaba el alquiler al Ayuntamiento de Santa Pola: debe 109.000 euros

1/03/2018 - 

SANTA POLA. Poco a poco se van conociendo más detalles de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia Nacional contra el ex alcalde de Santa Pola y actual diputado de Servicios Sociales, Miguel Zaragoza. En total, hay cinco personas implicadas: además de Zaragoza, están su hermana, Pilar, y el ex concejala de Personal, Jorge Perelló. Todos están acusados de supuesta prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos por supuestas irregularidades en la tramitación del alquiler de la clínica en las dependencias municipales de la zona residencial de Gran Alacant. Además, también fueron detenidos con anterioridad los dos responsables de la clínica, el gerente y el administrador, que, al igual que los hermanos Zaragoza y Jorge Perelló, prestaron declaración en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.  

El juzgado de Instrucción 2 de Elche investiga a los cinco detenidos desde diciembre de 2016 por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Aunque esas diligencias están declaradas secretas, las mismas fuentes han confirmado que los hechos guardan relación con el supuesto trato de favor a una clínica médica en el "arrendamiento de uno o varios locales municipales".

Cómo viene publicando Alicante Plaza,  la Policía investiga si, en su etapa como alcalde, Zaragoza perdonó el canon que el ayuntamiento debía cobrar a una clínica privada por montar un consultorio en unas instalaciones municipales ubicadas en la urbanización Gran Alacant. En total, la deuda asciende a 109.000 euros, a razón de 10.000 euros por anualidad. Cuando el nuevo equipo de gobierno de Santa Pola, formado por PSPV, Compromís, Esquerra Unida, Podemos y ex regidores de Ciudadanos, accedió al Gobierno local ya detectó la deuda e inició una demanda judicial para intentar que la empresa satisfaciera los pagos pendientes, que lo son todos porque nunca pagó.  El acuerdo que mantenían la clínica y el ayuntamiento incluía otras contrapartidas como el seguimiento de las bajas laborales de funcionarios y personal laboral del consistorio.

Además de cómo fue la tramitación administrativa del alquiler, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía de Alicante sospecha que Zaragoza y el entonces concejal de Personal, Jorge Perelló, percibieron como contrapartida por ese supuesto trato de favor la contratación por la clínica de familiares y amigos. Una de esas trabajadoras es la mujer del exedil y hermana del exalcalde, Pilar Zaragoza.

Y a todo ello se suma otra circunstancia: en muchas ocasiones, el personal de la clínica era suministrado por el propio ayuntamiento, según la declaración de varios testigos. Y esa sustitución de personal se hacía, entre otras veces, cuando la hermana del ex alcalde se ausentaba de su puesto de trabajo, del que la Udef investiga si era ficticio o se materializó a cambio de contraprestaciones, como lo era su sueldo.

Como se ha publicado desde que saltara la noticia el martes por la tarde, el principal sospechoso, Miguel Zaragoza, se ha negado declarar. El ex alcalde ha argumentado que intentó “informarse de qué juzgado llevaba la causa y qué procedimiento era, para así ofrecer mi colaboración con la justicia y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes”.

Hay que recordar la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno ante la Udef forma parte de una serie de denuncias que se presentaron en 2016 ante diferentes supuestas irregularidades del anterior Ejecutivo local que presidía Miguel Zaragoza. Actualmente, están ya todas judicializadas. La primera fue la de los uniformes de la Policía Local, causa en la que hay 11 imputados, entre ellos, dos ex regidores del PP y la cúpula de la Policía Local; la segunda; las horas extras de antigua direción de la Policía Local, al parecer, adjudicadas por afinidad, y sin ningún tipo de control ni fiscalización; la tercera, se investiga por su responsabilidad en el derrumbe del colegio Hispanidad, ocurrido en enero de 2013 y que causó heridas leves a una profesora y nueve alumnos, en la que está investigada la ex concejala de Urbanismo, y la última, es la clínica de Gran Alacant, que ahora se ha hecho pública.

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