ALICANTE/MADRID (AP/EFE). El juicio contra ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por falsear las cuentas de la entidad en 2010 y 2011 (y declarar beneficios cuando la caja ya estaba en quiebra) se antojaba como la última puerta abierta a los cuotapartícipes para obtener, al menos, una indemnización, dado que sus títulos no valen nada según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo sigue siendo, pero esta puerta está un poco menos abierta desde ayer.
Como había publicado Alicante Plaza, en la sesión de cuestiones previas los dos abogados que representan a afectados por la quiebra de la CAM solicitaron a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que los hechos por los que se juzga a los ocho encausados abarcasen todo el período de comercialización de las cuotas: desde 2008 hasta que el Banco de España intervino la caja en el verano de 2011. Una petición a la que se opuso el fiscal, Luis Rodríguez, quien no obstante sí pide en su calificación inicial que se indemnice a los cuotapartícipes "en la cantidad que estime la Sala". Pero solo a los que compraron los títulos desde el 1 de marzo de 2011 hasta la intervención de la caja. Es decir, aquellos que se convirtieron en cuotapartícipes de la CAM pensando que la caja tenía beneficios cuando en realidad ya estaba quebrada.
El tribunal se ha inclinado por esta solución: no expulsa a los cuotapartícipes del proceso como pedían varias defensas, además del Banco Sabadell y la acusación del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), pero tampoco abre el abanico temporal y se ciñe a los tres meses durante los cuales las cuotas siguieron cotizando y comercializándose con la información contable manipulada. Una decisión que, en la práctica, supone dejar fuera del proceso a la mayoría de los afectados, puesto que omite el grueso del período de comercialización de las cuotas: casi cuatro años. Sin embargo, este juicio se limita únicamente, según el fiscal, a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Este juicio, aunque centrado en la falsedad contable y el reparto de indemnizaciones entre los exdirectivos justo antes de ser intervenidos por el Banco de España, es la última oportunidad de los compradores de cuotas participativas (se calcula que hay 55.000 afectados en total, que aportaron 285 millones de liquidez a la entidad) como colectivo para lograr una sentencia indemnizatoria, una vez que la juez Carmen Lamela, del juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, ha archivado por tercera vez la causa específica sobre las cuotas participativas, al considerar que no tiene recorrido en la vía penal.
La juez acaba de rechazar además las alegaciones de los afectados al tercer archivo (los otros dos los levantó la propia Audiencia a recurso de los cuotapartícipes) al considerar que ha vencido el plazo para investigar los hechos: tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar dilaciones en las instrucciones, el plazo máximo para instruir una causa es de seis meses si ninguna de las partes solicita una prórroga por su complejidad. Extremo que no se ha producido en este caso. Así, al margen de acciones civiles individuales (que algunos ya han emprendido en los últimos años, incluso con alguna victoria judicial), este jucio se antoja como la última oportunidad del colectivo de afectados.
Crespo: "No tengo conocimientos financieros"
Durante la primera sesión del juicio, celebrada este martes, el expresidente de la entidad Modesto Crespo (para quien el FGD pide nueve años de cárcel, mientras que el fiscal no lo acusa) admitió ante el tribunal que no tiene "conocimientos financieros", por lo que hasta dos semanas antes de ser intervenida, pensaba que la CAM estaba en beneficios. Como presidente no ejecutivo, argumentó, fue "un mero instrumento" que no necesitaba saber de cuestiones relacionadas con la contabilidad o las finanzas, campos que además no le "gustaban".
Crespo fue interrogado también por el proceso de 'fusión fría' con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que descarriló meses antes de la intervención, y reiteró que desconocía "todos los procedimientos" en los que estaba inmersa la CAM. Es más, negó conocer los motivos por los que esa integración no llegó a producirse y relató que no asistió a la reunión con los directivos del resto de entidades porque se fue a "visitar 'outlets' de zapatos con las señoras" de los otros representantes.
También declaró ayer el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, artífice de la salida a Bolsa de la caja con las cuotas participativas. El alcoyano (para quien el fiscal pide 7,5 años de cárcel) se escudó en que las cuentas de 2010 fueron auditadas por KPMG, que las validó "sin salvedad, como en los últimos veinte años". No obstante, cabe tener en cuenta que el fiscal acusa a los exdirectivos de la caja de ocultar información a la auditora.
En cuanto a la sucesora de López Abad, María Dolores Amorós (que estaba al frente de la entidad en 2011, cuando se maquillaron las cuentas, y para la que el fiscal pide otros 7,5 años de cárcel), culpó de la situación al Banco de España, al acusar al regulador de "intentar que suspendiéramos los test de estrés", ya que, dijo, les obligó a aplicar para el ejercicio 2011 una normativa contable más estricta, que el resto de entidades no tuvo que asumir hasta 2012 o 2013. Según Amorós, se presentó una cuenta de resultados provisional "a la espera de saneamientos que había que hacer, y pedimos datos al Banco de España pero no los obtuvimos". En diciembre de 2010, defendió, "se cambiaron las reglas del juego, que llevaron a pérdidas a todo el sector".
El exdirector de la CAM Roberto López Abad declara durante la jornada del martes. Foto: EFE
