ALICANTE. La Audiencia Provincial pone contra las cuerdas al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y a su partido, el PSPV. En un auto conocido este viernes, pero fechado el 27 de febrero, la Sección Segunda de la Audiencia desestima los recursos presentados por el primer edil y por los dos asesores también investigados, Lalo Díez y Pedro de Gea, frente a la resolución del juzgado de Instrucción número 9 de noviembre, en la que se acordaba el procesamiento de los tres implicados por el supuesto fraccionamiento de contratos del 'caso Comercio'.
El auto considera que "las alegaciones efectuadas en los recursos no pueden tener favorable acogida habida cuenta que, sin perjuicio de las pruebas que puedan proponerse y practicarse en el acto de juicio, resultan indicios de la existencia de las infracciones penales y de la participación de los investigados, ahora recurrentes, en ellas". La Audiencia considera que "los recursos de apelación interpuestos deben ser desestimados pues las diligencias de investigación practicadas aconsejan la incoación de procedimiento abreviado a fin de que se depuren las posibles responsabilidades atendiendo a que, como anteriormente dijimos, no consta de forma inequívoca e indubitada la ausencia de criminalidad en la conducta de los encausados".
Con la desestimación de los recursos, el proceso vuelve a manos del juzgado de instrucción que deberá abrir plazo para que las acusaciones soliciten formalmente la apertura de juicio oral. El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ya ha confirmado que dará ese paso para que se depuren responsabilidades. El proceso se abrió a instancias de la denuncia presentada por el PP en Fiscalía el pasado mes de septiembre. Barcala también ha instado a Echávarri a presentar su dimisión de manera inmediata y, en su defecto, ha exigido que sea el secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien le obligue a dimitir. Echávarri tenía prevista un acto público en el Ayuntamiento, relacionado con el pasado carnaval, al que al final no ha acudido.
Las diligencias del 'caso Comercio' se abrieron tras las dudas detectadas por el interventor municipal en el pago de una veintena de facturas relacionadas con diversas campañas publicitarias sobre la oferta comercial de la ciudad, con el desarrollo de la Gala de Comercio de 2016 y con la instalación de determinada señalización en mercados municipales. El importe global de esas facturas superaba los 189.000 euros, aunque finalmente la jueza instructora redujo las supuestas irregularidades a facturas por un importe de 144.000 euros. A Echávarri se le considera supuesto responsable de un delito de prevaricación mientras que a sus asesores, Díez y De Gea, se les atribuye además un presunto delito de usurpación de funciones.
