ALICANTE. El juicio contra la antigua cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por falsear las cuentas para ocultar la quiebra de la entidad encara su semana decisiva, en la que quedará visto para sentencia tras casi dos meses de sesiones en la Audiencia Nacional. Las acusaciones comenzaron este lunes a presentar sus conclusiones, en las que se aprecia un notable giro en la percepción respecto al papel de Modesto Crespo, el último presidente de la entidad antes de su intervención por parte del Banco de España, en los hechos enjuiciados. Tras las declaraciones de los acusados y los testigos, la mayoría parecen 'creer' la versión del expresidente, y han retirado o suavizado sus peticiones de condena contra él.
El fiscal Anticorrupción que ha ejercido la acusación en el proceso, Luis Rodríguez Sol, siempre ha dejado fuera de su relato de los hechos al expresidente de la caja alicantina, al considerar que no participó de la estrategia cuya autoría intelectual atribuye al ex director general Roberto López Abad para maquillar las cuentas y ocultar el auténtico estado de la caja. Sin embargo, el empresario ilicitano sí estaba acusado por el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que tuvo que inyectar más de 5.000 millones en la entidad para reflotarla antes de venderla al Banco Sabadell, y por los afectados por las cuotas participativas, que reclaman 7,4 millones de euros por los títulos que adquirieron entre 2008 y 2011 (aunque la Audiencia ha limitado el proceso a las que se vendieron entre marzo y julio de 2011, con las cuentas falseadas).
Sin embargo, en sus conclusiones finales, ambas acusaciones han modificado sustancialmente su planteamiento inicial. Por un lado, el Fondo ha decidido retirar su acusación contra Crespo, al considerar probado que no estaba al tanto de la operativa desarrollada por el resto de los acusados para ofrecer un beneficio ficticio en 2010 y 2011, cuando la caja ya estaba en pérdidas. El letrado del FGD, Carlos Gómez-Jara, pasaba así de pedir nueve años de cárcel para el industrial ilicitano a cero. En cuanto a Diego de Ramón, que representa a los 400 cuotapartícipes personados en el proceso, su cambio de postura resulta igual de llamativo: al principio de la vista era la acusación que pedía la condena más elevada para Crespo, 16 años. Este lunes, en sus conclusiones, redujo la petición a un año de cárcel, en atención a la "escasa participación" que considera que tuvo el presidente en los hechos enjuiciados.
Tras los giros en las acusaciones del Fondo de Garantías y los cuotapartícipes, la única acusación particular que sigue pidiendo una fuerte pena de cárcel para el expresidente de la entidad es, precisamente, la que ejerce la Fundación CAM, heredera de la obra social y de los fondos culturales de la antigua caja. A diferencia del fiscal Anticorrupción, del FGD y de la acusación popular, su abogado sí considera culpable a Modesto Crespo de la quiebra de la caja alicantina, por haber estado presente en la comisión de titulizaciones creada en febrero de 2011. Esta acusación, por tanto, mantendrá al ilicitano sentado en el banquillo de los acusados hasta que termine el juicio. En cambio, el exdirector de Información Financiera, Salvador Ochoa, sí ha abandonado el banquillo (y la Sala) al retirarse la acusación contra él.
Cabe recordar que el expresidente de la CAM protagonizó una sorprendente declaración ante el Tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, en la que aseguró que no tenía conocimientos financieros (pese a presidir la que entonces era la cuarta caja de ahorros de España por volumen de negocio), y que además era algo que no le gustaba. Crespo llegó a relatar que, en las reuniones entre los representantes de las cuatro cajas que iban a formar el SIP de Banco Base (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, además de la CAM), él se dedicó a acompañar a las esposas de estos últimos de compras por la ciudad, para ver bolsos y zapatos. A Crespo, eso sí, lo ha beneficiado el hecho de que el resto de acusados no hayan contradicho en ningún momento su versión, a pesar de que durante sus declaraciones unos y otros intentaron repartir culpas entre el resto.
"Hicieron trampas"
Al margen del caso particular de Modesto Crespo, y una vez exonerado por las acusaciones Salvador Ochoa, el resto de acusaciones se ha mantenido más o menos igual que al principio del proceso contra el resto de encausados. El fiscal insistió este lunes en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja alicantina y que la antigua cúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulaciones. "Se han hecho trampas, ustedes han engañado". Por ello les acusa de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada.
El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Para el exdirector de Financiación Juan Luis Sabater solicita 1,2 años de cárcel, y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Asimismo, pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones y a los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011, en la cantidad que determine la sentencia (los afectados reclaman 7,4 millones).
El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Modesto Crespo
