Hace un año, Hacienda era infinitamente más flexible con el Hércules

ALICANTE. El presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, denunciaba este viernes que el club es víctima de un agravio comparativo por parte de la Agencia Tributaria.

El empresario vasco no entiende que el fisco, a diferencia de lo que hace con otras empresas, no admita garantías reales como las que presentó en su penúltima oferta (y que vuelven a figurar en la remitida el pasado jueves, pero que es sensiblemente mejor que las anteriores).

Todo y hacerlo con ese estilo que le caracteriza y que muchas veces lleva a que sus argumentaciones, válidas o no, pierdan peso, Ramírez no mentía. Es tan real como legal lo que propone, pero hay un problema: quien tiene la última palabra aquí no es él, es Hacienda. 

El aval bancario (aval solidario de entidad de crédito a primer requerimiento con un plazo definido o no) se considera el instrumento más eficaz para asegurar el cumplimiento de un deudor, también el tributario, y es lo que la Agencia Tributaria le exige hoy al Hércules, pero Ramírez (y Ortiz), propone otras garantías (reales, bienes inmuebles) que al fisco le parecen menos atractivas (por sus características lo son). 

Ambas partes mantienen una postura legítima, por mucho que al empresario vasco le soliviante la de la Agencia Tributaria (e incluso considere que recordar lo anterior, que para el fisco una garantía real no es tan interesante como un aval bancario, equivale a "no defender al Hércules").

Ahora bien, hace solo un año, Hacienda no exigía al Hércules aval bancario alguno...

Cambio de criterio de la Agencia Tributaria

El momento en que el club supo que desgraciadamente iba a militar en la Segunda División B, Carlos Parodi inició una negociación con la Agencia Tributaria para introducir en el convenio suscrito en 2013 esa variable y, en consecuencia, que la entidad estuviera obligada a abonar una cuota mensual menor.

Los técnicos del fisco no solo se mostraron dispuestos a la citada modificación, es que además no obligaban a aportar un aval bancario que respaldase el pago aplazado. Fruto del entendimiento, se cerró un acuerdo con el que el Hércules pasaba a tener más margen para cumplir sus obligaciones (aunque no todo el que inicialmente deseaba). Sin embargo, para la formalización de dicho pacto se requería el consentimiento de la ya famosa directora general de Recaudación, Soledad García, quien, tras bastantes meses sin pronunciarse, no solo se negó a suscribirlo, es que elevó las exigencias del fisco en materia de garantías para, paralelamente, dar por vencido el convenio de 2013 ante los incumplimientos reiterados del club blanquiazul.

Ese cambio de criterio con las garantías, Ramírez lo achaca al enfrentamiento que mantienen la Agencia Tributaria y la Liga de Fútbol Profesional a cuenta, precisamente, de la actitud del fisco en la renegociación del pago de las deudas tributarias de los clubes. Soledad García y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, cuyas malas relaciones se remontan a 2011, cuando la primera era la administradora concursal del Rayo y el segundo el abogado del club madrileño, han llegado a dirimir en un juzgado sus diferencias sobre el trato que se le da a los clubes como deudores. 

No obstante esa confrontación, es importante no perder de vista también que no solo desde septiembre de 2015 el Hércules ha venido incumpliendo de manera sistemática el convenio de 2013 (el citado mes suspendió los pagos) y ha tenido que ser a golpe de requerimiento como Hacienda ha logrado que desembolse casi dos millones de euros en 15 meses, es que, en lo que llevamos de siglo, el historial del club en lo que se refiere al cumplimiento de los sucesivos aplazamientos no es precisamente para presumir. 

Una propuesta muy superior a las anteriores

Es cierto que se trata ya de la tercera oferta, tras muchos impagos y con el convenio de 2013 'de cuerpo presente', pero sería no solo injusto reconocer que la propuesta presentada por el Hércules el pasado jueves es muy superior a las anteriores, también que Hacienda no la valore con más cariño que el que demostró denegando en 24 horas la anterior. 

Ahora se ofrece pagar por adelantado dos millones de euros, esto es, cuatro veces la cantidad que se planteaba en la última oferta y, lo más importante, prácticamente la mitad de la deuda (asciende a 4,3 millones) que mantiene el club con el fisco y que tiene reconocida la naturaleza de crédito privilegiado. Es decir, que no garantizándose con un aval bancario (instrumento que sí se proponía en la anterior oferta para respaldar el pago aplazado en el segundo año), se aportan garantías reales para ahora los solo poco más de dos millones de euros que se abonarían de manera fraccionada, atendiendo a la categoría en la que milite el equipo (como antes, pero contemplando la Segunda División B).