VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes que el Consell suprimirá un total de seis entidades creadas por el anterior Gobierno del Botànic. Se trata, concretamente, de las siguientes: la Agencia Valenciana de la Energía; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad; la Agencia Valenciana de información y control alimentarios; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular; la Agencia Valenciana del Cambio Climático; y la Escuela Valenciana de la Administración Pública (Evap).
El jefe del Consell ha destacado que todas las funciones que realizan estas agencias ya se cubren por parte de alguna dirección general u otras entidades, por lo que las funciones se seguirán desempeñando. El personal adscrito a las entidades no político, ha dicho, es muy reducido y se incorporarán a las direcciones generales correspondientes.
Algunas de estas agencias realmente apenas tenían estructura y personal nombrado puesto que ni siquiera han sido desarrolladas en su totalidad pese a impulsarse por parte del Botànic. Así ocurría con la Agencia de Cambio Climático, la Agencia de la Energía o la Agencia de Residuos. Las tres fueron creadas tras algunos rifirrafes por parte del PSPV, Compromís y Unides Podem.
En cuanto a la Escuela Valenciana de la Administración Pública (Evap), se trata de un organismo autónomo de reciente creación dependiente de la Conselleria de Hacienda. Le corresponde la selección del personal empleado público de la Administración de la Generalitat, la formación, actualización y perfeccionamiento, de este último y del personal del sector público instrumental de la Generalitat, así como la investigación, estudio, información y difusión de las materias relacionadas con la administración y la gestión pública.
El Consell tendrá que aprobar ahora el inicio del expediente para llevar a Les Corts un proyecto de ley en el que se incluya la eliminación de las entidades. Con la decisión de la supresión, ha señalado Mazón, se cierra la puerta al gasto innecesario, por ejemplo en contrataciones.
El presidente de la Generalitat ha incidido asimismo en que no descarta más eliminación de entidades y en que la Generalitat pondrá en marcha una auditoría general del sector público durante 2024. Tendrá dos pilares de actuación: una auditoría 'forensic' para saber "dónde ha ido cada euro" y una auditoría operativa para poner de manifiesto "duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades".
"Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic", ha afirmado Mazón tras remarcar que la Intervención de la Generalitat cifra en un total de 253.122 los contratos adjudicados "a dedo" por importe de 713 millones de euros en los últimos cuatro años. En el caso de los contratos menores son 159 millones y en el caso de gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación son 554 millones.
El jefe del Consell ha indicado que la tras la auditoría analizarán si el anterior Ejecutivo ha incurrido en irregularidades administrativas o "incluso penales", aunque no ha querido adelantarse a las conclusiones: "Si los servicios jurídicos de la Generalitat ven algún tipo de irresponsabilidad, lo trasladaremos al juzgado, lógicamente".
Así, ha hecho hincapié en que los informes técnicos (de la Sindicatura de Comptes, de la Intervención General, de la Airef o de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación) certifican la situación "crítica" de "malgasto y descontrol" y "mucho ocultismo" en el conjunto de empresas, entidades y organismos públicos. "Facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, facturas bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia", ha enumerado.
Según las cifras que ha expuesto, solo cuatro de las 54 entidades del sector público han recibido una valoración positiva en estos informes, con lo que "el 92% no realiza los procedimientos de contratación pública conforme a la ley". En materia de personal, la Intervención de la Generalitat concluyó que solo en el ejercicio 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la dirección general de presupuestos.
Otros datos que ha expuesto Mazón son que la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el Botànic o que el gasto en personal de estas empresas "se disparó un 47%" de 400 millones de euros en 2015 a casi 600 millones, "y todo ello en muchos casos sin la autorización de la dirección de Presupuestos".
En el área de tesorería, ha advertido que "el descontrol es evidente" al detectarse en 22 de las 48 entidades sujetas a este tipo de verificación un "riesgo alto" en los controles de pago, "produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente". "¿Sabía el Botànic a quién le hacía transferencias?", se ha preguntado.
