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orden de renovación cautelar tras el recurso del centro

El TSJ devuelve el concierto al colegio La Salle de Alcoy pero le exige un aval en depósito

17/07/2017 - 

ALICANTE. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha ordenado a la Generalitat renovar cautelarmente conciertos educativos a dos colegios privados, Saint Patrick School SL, en València, y La Salle, en Alcoy. Estas resoluciones se unen a dos casos anteriores que trascendieron la semana pasada, los del colegio Domus de Godella y La Purísima de València.

En concreto, el tribunal estima los recursos interpuestos por el Colegio Saint Patrick School SL, a quien se le otorga provisionalmente tres unidades de 3, 4 y 5 años, y el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), sector Valencia Palma y la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle Alcoy, caso en el que se concede la cautelar sobre cuatro unidades de bachillerato.

En ambos autos, el TSJCV exige a los centros privados una caución: el depósito de un importe equivalente al dinero que reciben de la Generalitat por admitir a alumnos para los que no hay plaza en la pública, importe que, junto a los correspondientes intereses, pudiera tener derecho a recuperar la administración autonómica en el caso de que se desestimara el recurso contencioso administrativo interpuesto por los colegios contra la resolución que acuerda la no renovación de los conciertos.

La Generalitat valenciana recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) los dos nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ordenan la concesión cautelar de conciertos educativos a dos centros privados. Así lo confirmaron fuentes de la Conselleria de Educación, que insistieron en que para que la medida cautelar se aplique, según consta en las propias resoluciones judiciales, los centros deben hacer efectivo el aval de la financiación pública que reciben en concepto de los conciertos. En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico ya anunció cuando se hicieron públicas las resoluciones sobre Domus y La Purísima, que acudirá al Supremo a interponer un recurso de casación porque "acata la resolución del TSJCV, pero, no es firme y la comparte".

Asimismo, advirtió que velará "para que se asegure que los centros abonen la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachillerato".

Esta cantidad se estima aproximadamente en 1,1 millones de euros, de los cuales más de 539.000 son del centro La Purísima de València -que ya ha avanzado que buscará el aval- y más de 545.000 del centro Institución Cultural Domus de Godella.

El colegio: "Se retiró sin estudio previo"

El Colegio La Salle de Alcoy, por su parte, ha manifestado este lunes su desacuerdo con la decisión de la Conselleria de Educación de eliminar una unidad concertada de 1º de Bachillerato para el próximo curso y considera que esta decisión se ha tomado "sin un estudio serio de los datos de escolarización" y que el criterio objetivo de oferta pública suficiente a la zona, por el cual se suprimía la unidad, "no está justificado".

Así lo indicadó el director general del centro, Marc Segura, después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya ordenado a la Generalitat renovar cautelarmente conciertos educativos a este colegio y al Saint Patrick School SL. Estas resoluciones se unen a dos casos anteriores conocidos la semana pasada, los del colegio Domus de Godella y La Purísima de València.

Segura ha recordado en un comunicado que la motivación de Educación para justificar la supresión de esta unidad concertada era la existencia de oferta pública suficiente en Alcoy, y ha apuntado que actualmente, y después de la publicación de las listas provisionales, "alrededor de 40 alumnos de Alcoy se han quedado sin plaza".

"Estimamos que, si se hubiera mantenido la unidad al Colegio La Salle, habría habido oferta suficiente en la ciudad", ha destacado el director del centro, quien ha agregado que "la supresión de la unidad ha hecho que un mayor número de alumnos no haya accedido en el centro seleccionado en primera opción, lo cual incrementa el descontento de todas las familias".

A su juicio, la eliminación de la unidad se ha llevado adelante "sin un estudio serio de los datos de escolarización", al tiempo que el criterio objetivo de oferta pública suficiente a la zona, por el cual se suprimía la unidad, "no está justificado y no se cumple". Por ello, han solicitado a la conselleria que devuelva la unidad no renovada.

El colegio está a la espera de la comunicación oficial de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana "que paraliza la supresión del concierto para poder analizarla con detenimiento y valorar las actuaciones a seguir", ha apostillado Segura.

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