El alcalde, Gabriel Echávarri, y el portavoz del PP, Luis Barcala, conversan en un pleno. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Dos citas en los juzgados con los mismos protagonistas políticos en menos de tres meses. El PP y los representantes del tripartito de Alicante se verán las caras en el Palacio de Justicia de Benalúa en las vistas señaladas en respuesta a dos contenciosos interpuestos por el principal partido de la oposición frente a la inacción o la gestión del equipo de Gobierno.
La primera comparecencia está fijada para el próximo martes 27 de junio. La representación legal del PP y la del Ayuntamiento de Alicante expondrán sus conclusiones en el procedimiento seguido por el veto a la participación política y el derecho a ejercer la oposición que los populares atribuyen al tripartito al no facilitarles el acceso a determinados expedientes. El PP acudió al juzgado a finales de 2016 tras constatar que PSOE, Guanyar y Compromís no les procuraban información solicitada sobre varios departamentos municipales pese a haber reiterado en varias ocasiones sus peticiones. Los populares acusaron entonces al equipo de Gobierno de practicar una estrategia de apagón informativo y de falta de transparencia: justo uno de los arietes que los ediles de PSOE y EU habían utilizado contra el anterior equipo de Gobierno, bajo el mandato de la popular Sonia Castedo.
Cuando se conoció el recurso, el tripartito admitió cierta demora en la entrega de esa documentación, aunque recordó que parte de ella se podía consultar en la página web municipal y se excusó en el volumen de documentación solicitada. Con todo, lo cierto es que acabó entregándola justo unos días después de que el PP ejerciese acciones legales.
La segunda comparecencia será el 12 de septiembre. Y también, en el mismo juzgado: el Contencioso número 4. Será entonces cuando se celebrará la vista para dirimir el recurso presentado por el PP frente a los cambios en la denominación de unas 42 calles de la ciudad, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El PP impugnó ese acuerdo de renomenclatura al sostener que no se había seguido el procedimiento de aprobación requerido. En concreto, consideró que la relación de cambios debía haberse aprobado en el pleno -y no en Junta de Gobierno, como sucedió-, ya que los trabajos para revisar esas denominaciones se acordaron en una comisión de pleno y, por tanto, quedaban sujetos al criterio de ese mismo órgano de toma de decisiones.
Además, el recurso del PP consideraba que no se había seguido un auténtico proceso de participación ciudadana a la hora de decidir esos nombres. Y, por último, argumentaba que algunas de las denominaciones sustituidas no estaban amparadas por la Ley de Memoria Histórica. Es decir que, a su juicio, el acuerdo carecía de la motivación y la fundamentación requerida.
La reposición de la placa de la Plaza de la División Azul. Foto: RAFA MOLINA El tripartito defendió que el proceso de revisión de la nomenclatura de la vías sí estuvo abierto a la participación ciudadana y que, además, estuvo expuesto al público para la presentación de alegaciones. Además, defendió que los cambios sí estaban motivados y, por último, que el órgano competente para aprobar denominaciones de vías públicas es competencia de la Junta de Gobierno, como refleja la ordenanza municipal que regula ese proceso.
El PP ya logró que el juzgado acordase la suspensión de los cambios de placas, que el tripartito comenzó a sustituir sin esperar a que la juez resolviese sobre la petición de paralización cautelar. Esa decisión también está recurrida por el tripartito sin que, hasta la fecha, haya trascendido ninguna decisión al respecto. El tripartito se vio obligado a reponer los rótulos retirados y sus representantes acusaron al PP de querer que Alicante siguiese "instalado en el NO-DO" con nombres de calles asociados a la Dictadura franquista en contra de lo que prevé la Ley de Memoria Histórica. PSOE, Guanyar y Compromís defendieron -y siguen defendiendo- la corrección de todo el procedimiento de redenominación de las calles.
