ALICANTE. El nuevo Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante revisa y modifica la composición de la mesa de contratación con una doble consecuencia: el nombramiento de los nuevos concejales con competencias delegadas sobre la materia y la exclusión formal de los concejales de los partidos de la oposición, que venían formando parte de ella como vocales desde junio de 2015 por decisión expresa del ya extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) en un gesto por favorecer la transparencia y el ejercicio de los derechos de participación política.
Según precisaron fuentes del equipo de Gobierno, ese cambio -aprobado en la Junta Local del pasado 24 de abril- responde a un ajuste obligado por una doble circunstancia. Primero, el lógico traspaso de funciones ejecutivas tras el cambio de color político registrado en la Alcaldía. Así, la presidencia de ese órgano de asistencia especializada, en el que se analizan y valoran las propuestas de las empresas en las licitaciones municipales (como en las de todas las administraciones públicas), queda ahora en manos de la edil de Contratación, Dolores Padilla, en sustitución del socialista Carlos Giménez. De igual modo, la vicepresidencia pasa a manos del concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Israel Cortés, que suple a la exedil de Hacienda, Sofía Morales. Y se elimina la segunda vicepresidencia, que durante el periodo de gobierno del PSOE en solitario, era ejercida por el exconcejal de Movilidad, Fernando Marcos.
Y segundo, según las mismas fuentes, la exclusión de los ediles opositores (uno por cada grupo político), obedecería a la necesidad de adaptar el funcionamiento de la mesa a las novedades de la Ley de Contratación del Sector Público, en vigor desde el pasado 9 de marzo. A grandes rasgos, esa nueva regulación reduce la naturaleza de la mesa de contratación a un órgano de carácter técnico, compuesto esencialmente por funcionarios, en el que, como regla general, se limita la participación política. Así, la disposición adicional segunda establece que: "La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación".
La gran novedad se introduce, de hecho, en el penúltimo párrafo de esa disposición, en el que se determina que los concejales miembros de la mesa no podrán ser más de una tercera parte de sus miembros. Hasta la fecha, esa restricción no existía, de modo que la mesa estaba compuesta por hasta once miembros: el presidente (concejal), dos vicepresidentes (también concejales), el jefe de la Asesoría Jurídica Municipal (funcionario), el interventor (funcionario), el jefe del servicio promotor del correspondiente contrato (funcionario), el jefe de servicio de Contratación (funcionario) que ejercía como secretario y otros cuatro vocales designados por cada grupo de la oposición (concejales). En concreto, esos puestos reservados a ediles opositores eran ocupados hasta la fecha por Mari Ángeles Goitia (PP), Víctor Domínguez (Guanyar), Antonio Manresa (Ciudadanos) y Natxo Bellido (Compromís).
Es decir, figuraban siete cargos políticos frente a cinco técnicos. Todos disponían de voz y voto salvo el jefe de servicio de Contratación (en funciones de secretario), que sólo disponía de voz. Con todo, según las fuentes consultadas, lo cierto es que la participación política se reducía a la mínima expresión, ya que los acuerdos se adoptaban por unanimidad en anuencia con las indicaciones de los técnicos.
Hasta ahora, el órgano estaba formado por siete concejales y cinco técnicos; ahora pasará a estar compuesto por dos ediles y cinco técnicos
Ahora, con la nueva regulación, esa composición resultaría poco operativa, según representantes del equipo de Gobierno, ya que, por una cuestión de simple proporcionalidad aritmética, se tendría que conformar una mesa de contratación mucho más amplia. En concreto, de 18 miembros, ya que sólo con los cuatro concejales de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís) y la presidencia y viceprsidencia reservadas a ediles del Gobierno del PP ya se cubrirían seis plazas. De ahí que, en la primera mesa de contratación convocada por el nuevo equipo de Gobierno, este miércoles, no se citase a ningún representante de la oposición. El órgano pasa a estar compuesto por sólo dos concejales y cinco funcionarios (los mismos que hasta ahora). No obstante, siempre según las mismas fuentes, el objetivo del PP es encontrar la fórmula legal adecuada para facilitar la participación del resto de grupos políticos incorporando a sus representantes en la mesa de contratación aunque no como vocales, sino como invitados, con voz y posibilidad de tener acceso a los expedientes, pero sin capacidad de voto.
Por lo pronto, tanto la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, como el exvicepresidente segundo de ese órgano de contratación, Fernando Marcos, lamentaron que el PP haya adoptado esa decisión de excluir a los ediles opositores ajustándose "a lo que consideraron una recomendación, no una prohibición legal". También el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, consideró un paso atrás que se pudiese confirmar esa exclusión, ya que "fue una de las principales decisiones que se adoptó en 2015 en aras de la transparencia, junto a la centralización de toda la contratación municipal que tenían delegadas algunas concejalías en esa mesa de contratación única".