MADRID (EFE/AP). El expresidente de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha asegurado este martes en su declaración ante el juez que "hasta quince días antes" de la intervención de la entidad por parte del Banco de España, desconocía el estado real de las cuentas de la caja, pues las noticias sobre su estado "eran siempre positivas".
Crespo ha respondido esta mañana a las preguntas del fiscal durante el juicio que se sigue contra él y otros siete exdirectivos de la caja por varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como por cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
Durante su declaración, Crespo ha asegurado que pese a presidir la cuarta caja de ahorros de España por volumen de negocio, no tenía conocimientos financieros, por lo que desconocía el auténtico estado de las cuentas de la CAM. Asimismo, ha asegurado que nunca tuvo constancia de que hubiera irregularidad alguna en la situación de la CAM, cuyas cuentas se aprobaban "por unanimidad" sin que él tuviera que hacer uso de su voto de calidad y con el respaldo de la firma auditora KPMG. Además, ha recordado que la propia ministra de Economía en la época, Elena Salgado, se refirió en alguna ocasión a la buena salud de las cajas de ahorros.
Por otra parte, Crespo (que en la sesión de cuestiones previas presentó un justificante médico sobre la cardiopatía que padece y que podría impedirle acudir a todas las sesiones) ha relatado que, una vez que el Banco de España intervino la entidad, en julio de 2011, no tuvo ninguna relación con los administradores designados por el supervisor. De esta forma, su labor al frente de la entidad entre junio de 2009 y julio de 2011 se limitó a "ayudar" en lo que pudo, pues carecía de "conocimientos técnicos y contables".
El fiscal ha dejado a Crespo fuera de sus acusaciones, que se dirigen contra los otros siete exdirectivos por falsear las cuentas cuando la CAM ya estaba en quiebra y arrojar un beneficio ficticio de 65 millones de euros. No obstante, el Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), que tuvo que inyectar más de 5.000 millones de euros en la caja, sí acusa al expresidente de la entidad, para quien pide nueve años de condena. El Ministerio Público, por su parte, solicita penas de siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez.
La Fiscalía también acusa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.