El entuerto de la oficina turística de Alicante: ¿perdonar la licencia o pagar más por otro diseño?

ALICANTE. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante busca, junto a los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, una salida exprés para solventar la controversia sobre la instalación de la oficina de información turística de la Generalitat que, este miércoles, abrió una disputa política entre populares y socialistas a cuenta de la corrección del proyecto. El propio alcalde, Luis Barcala, señaló este jueves, en una comparecencia pública, que Alicante necesita esa oficina y que no puede perder esa inversión pese a "las deficiencias encontradas en el proyecto", por lo que insistió en que se estaba negociando con la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) su modificación, tras insistir en que no es compatible con lo que establece el Plan Especial del Puerto. En concreto, ese documento no permite edificaciones sobre rasante en el emplazamiento en el que se había planificado la instalación de la oficina turística: la plaza del Puerto, junto a La Explanada. 

Fuentes municipales precisaron que así consta desde este jueves en el informe técnico desfavorable que, al parecer, se habría incorporado ahora al expediente. En ese dictamen -que se trasladará a un decreto de denegación de la licencia, según las mismas fuentes- se considera que la estructura contemplada en el proyecto es una edificación de carácter fijo, no una instalación modular desmontable, como defienden tanto la AVT como la portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, quien pilotó el encargo del proyecto durante su etapa como edil de Turismo y Urbanismo.

¿Qué salida podría darse ahora para permitir su instalación, después de haberse adjudicado su montaje y a sólo unos días de que se pretendiese dar inicio a los trabajos? A priori, se podrían barajar dos fórmulas: el cambio del proyecto o eximir a la estructura de la obtención de licencia, tras un análisis sobre las posibilidades de que se declare como infraestructura de interés general.

Hasta ahora, tanto Barcala como la edil de Urbanismo y Turismo, Mari Carmen de España, han venido apuntado hacia la primera opción, la del cambio del proyecto. No obstante, esa alternativa supone asumir un coste adicional, bien por un hipotético encargo externo, o bien por el pago de una posible indemnización en el caso de que la adjudicataria de los trabajos (la empresa granadina Pramoram) reclame una compensación por el cambio en el encargo recibido (o, en su caso, su anulación). 

La AVT ya señaló este miércoles que la responsabilidad sobre la redacción del proyecto y su adecuación a las normas urbanísticas recae en el Ayuntamiento, en virtud del convenio de colaboración firmado el pasado noviembre. Es decir, que ese saldo adicional se debería asumir con cargo a las arcas municipales. Según las fuentes consultadas, el proyecto actual, redactado por el gabinete de arquitectura CBP Ingeniería Civl, ya ha costado 350.000 euros, además de otros 91.000 euros en trabajos de refuerzo del aparcamiento subterráneo de la plaza del Puerto. 

La segunda opción, la de eximir de la concesión de la licencia, no conllevaría costes adicionales, aunque quedaría condicionada a su viabilidad legal. Se debería concretar si una oficina turística cumple los requisitos para que pueda ser considerada infraestructura de interés general. Es según las fuentes consultadas, lo que sucedió con la actual Estación de Autobuses que tampoco dispondría de licencia.

Explicaciones ante el Patronato de Turismo

Por lo pronto, la polémica ya ha generado una cascada de reacciones políticas en el Ayuntamiento. Ciudadanos (que considera desproporcionado su coste, de 600.000 euros), Guanyar y Compromís han solicitado tener acceso al expediente para conocer los pormenores del caso. Y, además, Compromís también reclamó este jueves la convocatoria del Patronato Municipal de Turismo para que se dé cuenta de lo sucedido. La edil Sonia Tirado incidió en que ese es el foro adecuado para que se explique cómo se ha tramitado el proyecto ante los representantes del sector.

Compromís exige la convocatoria del Patronato de Turismo para que se den explicaciones sobre la Oficina turística y sobre el futuro del puesto de gerente 

En esta línea, señaló que en esa misma reunión del Patronato se debería dar explicaciones sobre la decisión comunicada por el equipo de Gobierno de contratar de manera directa (sin proceso selectivo en pública concurrencia) a un profesional con experiencia en el sector turístico para desempeñar funciones de director del Patronato de manera temporal, mientras se concreta un nuevo concurso para cubrir la plaza de gerente. Tirado insistió en que se debería analizar si ese nombramiento tiene encaje legal y, en ese supuesto, como mínimo se debería consensuar qué perfil debería reunir la persona elegida para desempeñar esa función.

Por lo pronto, la exedil de Turismo y portavoz municipal del PSOE, Eva Montesinos, consideró que la contratación anunciada por el PP no puede llevarse a cabo, ya que, señaló, alguien al que se contrate como personal de confianza o asesor no podría dictar directrices sobre los funcionarios. En todo caso, añadió, podría recurrirse por un proceso de promoción interna entre el personal del propio Patronato para nombrar a un director y recalcó que lo que no podría acordarse sería la amortización de la plaza del gerente porque eso requeriría reformar los estatutos del Patronato.