La UE acepta la dación en pago de Ciudad de la Luz pero impide un uso lucrativo en 15 años

ALICANTE. El complejo de Ciudad de la Luz seguirá en manos de la Generalitat. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Unión Europea ha aceptado la propuesta de dación en pago planteada por el Consell como fórmula de reintegro de las ayudas que Bruselas consideró ilegales por haber alterado el mercado de la competencia, en respuesta a la denuncia presentada por los estudios Pinewood. El acuerdo supone que las instalaciones no serán vendidas ni subastadas al mejor postor con el perjuicio que eso hubiese supuesto sobre los recursos públicos, según ha insistido el jefe del Consell. Ximo Puig ha recalcado -al término del consejo de la sociedad Ciudad de la Luz de este jueves en el que se ha informado sobre la respuesta de Bruselas- que en la construcción del complejo se invirtieron 343 millones y con la propuesta de subasta planteada por el PP sin ningún precio mínimo prácticamente se podía haber regalado.

Eso sí, la Comisión impone tres condiciones básicas al aceptar la propuesta. La primera, que no se podrá desarrollar ninguna actividad económica en un plazo de 15 años en las zonas afectadas por la resolución.  Es decir, los platós. La segunda, que la comisión supervisará esas actividades no lucrativas que se desarrollen. Y la tercera, que transcurridos esos 15 años, en la definición de las actividades ya con ánimo de lucro a las que se dé cabida, se exigirá que se facilite la pública concurrencia.

Puig ha añadido que, alcanzado el objetivo fundamental de velar por los recursos públicos y preservar el patrimonio de todos los ciudadanos, el Consell no se resigna y quiere negociar para mejorar esas condiciones. El punto esencial que se quiere revisar es el del plazo de limitación para usos lucrativos. El presidente de la Generalitat ha insistido en que ya se ha comunicado a Competencia la voluntad de renegociar para que esa prohibición se rebaje al menos en la mitad de plazo: siete años y medio.

"Al principio todo el mundo nos decía que no iban a atender nuestra petición y que no había nada que hacer, pero no ha sido así, y estamos convencidos de que volverán a escuchar nuestros planteamientos", ha apuntado. Entre tanto, Puig ha detallado que se abren dos escenarios inmediatos. Por un lado, se despeja la posibilidad de dar uso lucrativo a los edificios no afectados por la resolución de Competencia: básicamente, el edificio de oficinas que costó 13 millones y no llegó a inaugurarse, y el centro de estudios. En esa parte se encuadraría, por ejemplo, la implantación de proyectos empresariales relacionados con la industria del conocimiento y con la economía digital como los anunciados tras una reciente visita del propio Puig a Finlandia. Por otro lado, la definición de un plan de usos para el resto del complejo que case siempre con ese ámbito de la innovación y de la industria digital.

Ahí tendría cabida, por ejemplo, la implantación de la anunciada Agencia de la Innovación de la Generalitat o la sede de las instalaciones de la futura televisión autonómica. De hecho, Puig ha dicho que se iba a trasladar esa posibilidad a la Corporació de Mitjans de Comunicació.

El presidente ha insistido en que la resolución de Bruselas sí obliga a disolver la sociedad Ciudad de la Luz, un paso que se abordará en breve, pero no impone necesariamente la venta del complejo transcurrido ese plazo límite para su explotación lucrativa. Con todo, tanto él como el conseller de Economía, Vicent Soler, han deslizado que esa podría ser la opción más probable toda vez que el complejo se diseñó para hacer cine y, a medio o largo plazo, no puede tener otro uso más que ese. Para ello, pese a que -como ha apuntado Puig- existen fórmulas para promover rodajes sin fines lucrativos, lo lógico es que en el futuro se apueste por alquilar o vender los platós en un proceso de libre concurrencia para que el sector privado le dé ese uso. Tanto Puig como Soler han destacado que de ahí deriva la importancia de aclarar ahora cuál puede ser el plazo definitivo de vigencia de la prohibición para el desarrollo de actividades económicas con fines lucrativos.