Foto: CORTS/José CuéllarLa vicepresidenta del Consell señala que la próxima semana ya habrán abonado a entidades sociales 100 millones de euros correspondientes a enriquecimiento injusto por la deuda que se arrastra del anterior Ejecutivo
VALÈNCIA. Uno de los grandes problemas de gestión de la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero durante estos primeros meses de legislatura ha sido el de los impagos o retrasos en los abonos a entidades sociales. Se trata de dos situaciones diferenciadas que el departamento ha tenido que que abordar y en las que está tratando de ponerse al día, aunque los afectados siguen manifestando su descontento y su aviso de que ya está afectando al funcionamiento de los servicios.
De un lado, se encuentran las dificultades que ha supuesto la implantación de la nueva plataforma financiera de la Generalitat, Nefis, tal como ha venido informando Valencia Plaza. Los fallos en los volcados de datos o la falta de formación de los funcionarios que tienen que manejar el programa han sido dos de las causas que han mencionado fuentes conocedoras de lo que ocurre. Desde el Ejecutivo, oficialmente, eluden explicar con concreción el asunto y hablan de problemas puntuales.
Pero lo cierto es que la situación ha provocado que la Generalitat acumule retrasos en los pagos a proveedores, entidades sociales y personal por incidencias con este sistema, afectando a diversos departamentos. Uno de ellos es, precisamente, Servicios Sociales, donde ha alcanzado a las familias de acogida, a entidades relacionadas con el colectivo LGTBI, a entidades que gestionan plazas públicas concertadas en residencias, centros y viviendas de mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, niñas y niños en situación de desamparo y personas en riesgo de exclusión social. También a residencias y centros propios de la Generalitat que atienden plazas públicas de mayores dependientes, personas discapacitadas, así como niñas y niños tutelados o en conflicto con la ley.
Camarero, preguntada ayer viernes al respecto, aseguró que ya se encuentra todo "prácticamente pagado". En algunos casos se ha abonado ya enero y febrero y se está pagando marzo. Aunque depende de las provincias, indicó que se pondrán "al día en breve".
De otro lado, se encuentran los impagos por la deuda millonaria que mantiene el Consell con entidades que gestionan servicios, como los centros de menores o los centros de personas con discapacidad. Algunos de los afectados trasladaron a este periódico que llevaban sin cobrar ni una sola factura desde hace más de un año, lo que los situaba en una "situación crítica" que podía comprometer el pago de nóminas de empleados o perjudicar a la propia asistencia a menores o personas con discapacidad (como en ropa o alimentación).
Una cantidad importante de esa deuda corresponde a enriquecimiento injusto al ser entidades que están sin contrato y no se podían hacer más prórrogas del que tenían. Una circunstancia que se arrastra desde la anterior legislatura del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).
Desde el actual Gobierno inciden, precisamente, en la gestión heredada. Susana Camarero remarcó este viernes que la Generalitat ha tenido que hacer frente a "más de cien millones de euros de facturas en los cajones por enriquecimiento injusto" correspondientes al Botànic desde 2018. "Todavía las estamos pagando", comentó. De hecho, el próximo pleno del Consell del lunes aprobará el pago de una factura de 2022, avanzó.
"Estamos yendo lo más rápido posible dentro de las dificultades, intentando que todo se normalice. Además, estamos en permanente contacto con las entidades para explicarles las circunstancias", afirmó.
