Alicante insiste en acordar un modelo de libertad comercial propio frente a los decretos

ALICANTE. El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha afirmado que la ciudad decidirá una solución "de consenso" entre todos los agentes implicados para los horarios comerciales en festivos después de que no se llegara a un acuerdo en la reunión de este lunes del Observatorio Autonómico de Comercio -formado por la Conselleria de Economía, operadores comerciales, asociaciones de consumidores y ayuntamientos- y ha señalado que esa regulación "no puede venir de decretos de nadie".

Bellido, en la rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, ha indicado, preguntado por esta cuestión, que era "previsible" esta falta de acuerdo, por lo que ahora lo que tienen que hacer es buscar esa solución en Alicante, al tiempo que ha insistido en que coincide con el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, en que la regulación en esta materia tiene que partir de la ciudad, "no puede venir de decretos de nadie".

En la actualidad, la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Alicante se circunscribe a la zona de Maisonnave, además de los centros comerciales de Gran Vía, Plaza Mar y Puerta de Alicante, a los que los juzgados les dieron la razón en este sentido.

El conseller Rafael Climent señaló este lunes tras la reunión que se ha optado por que la ciudad de València y Alicante tengan "autonomía" en su decisión sobre aperturas, lo que supone que ambas ciudades en sus respectivos observatorios de comercio locales tomarán su decisión sobre los festivos pero estarán en la Comisión Técnica para intentar que sus pretensiones se compaginen con el acuerdo general de la Comunitat Valenciana.

Para Bellido, la solución tiene que tener un consenso "razonable", aunque cree que no será unánime, por parte de los agentes implicados: comerciantes, sindicatos y operadores de grandes superficies. Esta propuesta, ha continuado el portavoz municipal, se validará en el Consejo Local de Comercio, previsto para mediados de julio, y posteriormente tendrá que ser aceptada por la Generalitat Valenciana.