la jueza ordena el decomiso (y no el embargo) de sus bienes en el marco de la 'operación erial'
Zaplana se queda sin su chalet en Benidorm, sus coches y su colección de relojes de alta gama
Chalet de Eduardo Zaplana en Benidorm. Foto: PEPE OLIVARES
20/06/2018 -
VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Aznar Eduardo Zaplana ha visto como le ha volado de un plumazo parte de su patrimonio. En un novedoso auto, la magistrada instructora de la operación Erial no se ha andado con chiquitas y ha ordenado el decomiso de su casa unifamiliar de Benidorm, dinero en efectivo, dos coches de alta gama y su apreciada colección de relojes de lujo. El decomiso es, tras la reforma del año 2015, una de las figuras jurídicas más polémicas que existe, que normalmente se utiliza en casos de narcotráfico, la mayoría de ellos instruidos en la Audiencia Nacional.
La jueza acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, según la cual "se ha acreditado que se han realizado operaciones para que uno de los investigados, Eduardo Zaplana, disfrute de dinero en metálico y vehículos sufragados con los fondos provenientes del extranjero residenciados en sociedades en España que, asimismo, han realizado recientemente una operación inmobiliaria que ha reportado una importante cantidad de dinero".
La magistrada hace suya esta argumentación del fiscal y añade que "es procedente acordar el decomiso de los bienes habida cuenta de que se presumen adquiridos con el dinero obtenido de los sobornos, y presuntamente a través de un entramado que tiene su origen en una sociedad radicada en Luxemburgo, y que luego ha llegado a España a través de diversas sociedades. Sociedades a través de las cuales se han adquirido inmuebles, parcelas, vehículos e incluso dinero obtenido de la amnistía fiscal".
La magistrada ordena el decomiso de bienes pertenecientes a todos los investigados en la operación Erial, por valor de casi 7 millones de euros. Entre ellos, dos audis de Zaplana y su mujer, un Q7 y un Q3 valorados en alrededor de 110.000 euros. Asimismo, le pide a Eduardo Zaplana que entregue su colección de relojes de alta gama, que "tendrán que ser aportados en el plazo de 48 horas, todo ello sin perjuicio de que la parte pueda justificar un origen distinto al que se presume". Es conocida la afición del exministro por los relojes caros, aunque el valor de la colección no se conoce, de momento, y no se especifica ni cuántos son, ni de qué marcas y modelos.
La jueza también incluye en el decomiso 18.000 euros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encontró en el domicilio de Zaplana mientras realizaban el registro el día de su detención. Aunque lo más valioso es el chalet que el expresidente valenciano posee en Benidorm, ciudad de la que fue alcalde entre 1991 y 1995. La casa, situada en un enclave privilegiado en la playa de Poniente, tiene un valor catastral de 307.300 euros. En total, el valor de los bienes decomisados a Zaplana, sin contar los relojes, asciende a 435.000 euros.
La única propiedad que el matrimonio ha salvado es la casa que recientemente compraron en efectivo en el madrileño barrio de Chamberí por 1,8 millones de euros. Según las fuentes consultadas por Valencia Plaza, la jueza no lo ha decomisado porque su compra se hizo con el dinero obtenido de la venta del piso que tenían en la Castellana, que fue vendido por 2,8 millones de euros. Al parecer, ese dinero sería de origen lícito.
El decomiso
Habitualmente, en materia de corrupción los magistrados abren lo que se conoce como una pieza de responsabilidades civiles (RC). En ellas se calcula el dinero que habrá de pagar el investigado y, en caso de condena, se abona con lo que se ha embargado y con el resto de bienes que tiene el reo. Ejemplo de ello son las RC pagadas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a través de sus cuentas embargadas en Suiza.
La diferencia entre el embargo y el decomiso es que la ley prevé el decomiso de aquellos bienes de procedencia ilícita y su valor va directamente al Estado, lo que provoca que la persona a la que le han decomisado los bienes tenga, además, que hacer frente con otros bienes a las responsabilidades civiles derivadas del delito cometido.
En el caso de la operación Erial, todo el valor de lo decomisado, más de siete millones de euros, pasarían a ser propiedad del Estado y los imputados, en caso de condena, deberán hacer frente a unas RC millonarias sin poder poner esos bienes como garantía de pago.
En cuanto al decomiso, explica el fiscal de una forma más técnica en su petición a la magistrada que "la nueva regulación relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y producción del mismo" da a los jueces la posibilidad de acordar el decomiso, tal y como ha hecho.
'Operación Erial'
La operación policial realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y bautizada como operación Erial concluyó con 10 personas entre detenidas e investigadas, entre las que destacan Zaplana; Vicente y José Cotino, ambos sobrinos del exconseller Juan Cotino, citado a declarar ante la UCO; el exjefe de Gabinete de Zaplana Juan Francisco García; los considerados por la UCO como testaferros principales de Zaplana, Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, y el exsecretario de la CAM Francisco Grau.
La investigación es por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, Barceló y Grau son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002). La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que los empresarios beneficiados podría haber pagado en torno a diez millones de euros. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.
Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', un manuscrito con el esquema del supuesto movimiento de dinero entre sociedades para blanquearlo.
