ALICANTE. El líder del PP en el Ayuntamiento de Alicante analiza la situación de las investigaciones que afectan al primer edil y las diferencias que, a su juicio, existen frente a otros casos precedentes.
-El alcalde insiste una y otra vez en que su denuncia sobre los contratos de Comercio es una denuncia política para ganar en el juzgado lo que no consiguió en las urnas. ¿Qué tiene que decir a eso?
-A veces hay declaraciones del alcalde que sonrojan a propios y extraños. Parece mentira que a estas alturas se pretenda sostener que a esa supuesta denuncia política se hayan subido la Fiscalía, el juzgado de instrucción... Nosotros interpusimos esa denuncia porque estábamos convencidos de que existía un fraccionamiento de contratos y que no era una irregularidad administrativa, sino al menos un delito de prevaricación. Al final, nosotros parece que tenemos razón. La contundencia del juzgado de instrucción así lo pone en evidencia. Tratar de decir ahora que esto es una cuestión del PP es responsabilizar al PP de haber obligado al señor Echávarri a fraccionar contratos, de haberle obligado a acordar despidos, de haber obligado a la Fiscalía a intervenir, de haber obligado al juzgado a instruir y a dictar el auto de procesamiento. Es absurdo. El señor Echávarri está en la situación en la que está por que se ha metido él solo y debe responder por lo que ha hecho.
-El callejero, la falta de transparencia, el caso Comercio... ¿Está el PP judicializando la política en Alicante?
-En absoluto. Son los únicos casos en los que hemos ido a los juzgados. Recuerdo que a día de hoy la señora Eva Montesinos tiene pendiente un tema que ha sido archivado pero no de forma definitiva, y es una denuncia por parte de una funcionaria; que el señor Echávarri tiene otro tema muy grave por el despido de una funcionaria y que la denuncia la pusieron unos vecinos; que el señor Echávarri tiene otra denuncia pendiente de incoación por el tema de los graneles. Se les ha acumulado muchísima faena y no es una cuestión sólo del PP. Hemos acudido a los tribunales cuando se han vulnerado gravísimamente nuestros derechos fundamentales que tenemos o se ha vulnerado la legalidad, y me ciño al tema de las calles, donde se nos ha dado la razón, y al tema de los contratos, donde también se nos está dando la razón. El resto de los problemas judiciales que tiene el tripartito, que son muchos, se los han generado ellos, y son vecinos, funcionarios o particulares los que se los han planteado.
-Usted dice que no va a pedir la renuncia del alcalde hasta que no se le abra juicio, aunque le ha pedido que sea coherente con sus palabras. ¿No es eso repetir la misma estrategia que usted y el PP han criticado al PSOE y al resto de fuerzas de la izquierda en relación a los casos que afectan o han afectado en el pasado a concejales de su partido como Sonia Castedo o Andrés Llorens?
-No; hay que ser coherente. Pongo el ejemplo de cuando a Miguel Ángel Pavón se le interpuso una querella, no pedimos su dimisión y luego se archivó. Nosotros somos coherentes. Cuando al alcalde se le ha abierto algún otro procedimiento, o cuando a Eva Montesinos se le interpuso la querella, nosotros no hemos pedido la dimisión en ningún caso. Y en el caso del alcalde, por los procedimientos judiciales tampoco porque nuestra línea roja la tenemos clarísima: es el auto de apertura de juicio firme. Y nos la aplicamos a nosotros y se lo exigimos exactamente igual a los demás. Ahora bien, cuando los demás han basado una campaña electoral exigiendo dimisiones solo porque se había interpuesto una denuncia, o por que se había incoado diligencias, si ellos lo pedían entonces, y consideraban que debía ser así, cuando sea ellos quienes están en esa tesitura, tienen que ser coherentes, ¿o sólo vale para los demás? Ellos aplican la ley del embudo, cuando les afecta a ellos no valen esos criterios. Nosotros pedimos coherencia, en política la credibilidad lo es todo. Si pides una cosa, tienes que estar dispuesto a cumplir lo que pides y lo que prometes cuando te encuentras en esa posición. Esa doble vara de medir me parece que es una de las cuestiones que nos está llevando a esta crisis institucional.
-Pero ahora sí piden la renuncia del alcalde.
-La situación es distinta. Cuando el señor Echávarri se queda solo con sus cinco concejales goberanando una ciudad como Alicante, nosotros le pedimos que se vaya. Pero no por su situación judicial, sino por el deterioro y por la incapacidad que tiene para gestionar la ciudad, por la falta de legitimidad democrática para seguir al frente del Ayuntamiento. El PSOE cosechó sus peores resultados en toda su historia, sólo seis concejales. No es la lista más votada, los alicantinos no eligieron que Gabriel Echávarri fuese el alcalde, no le apoyaron. Es el alcalde porque, con sus votos y los de dos grupos más, sumaba lo suficiente. En el momento en el que eso se ha roto, no puede justificar el hecho de seguir, salvo que fue nombrado hace dos años y medio y no le da la gana soltar la vara de mando. Es la única justificación. Nos preocupa el desgobierno y la paralización de la ciudad. Si el área de Comercio está en los tribunales y la gestionaba él. Si no hay Policía y la reestructuración ha sido un fracaso, y era el objetivo máximo del señor [Fernando] Marcos gestionando. Si los presupuestos se están aprobando de forma sistemática en mayo, la señora [Sofía] Morales está siendo incapaz de sacar los presupuestos que es su máximo objetivo. Si sumamos esas cuestiones y nos encontramos con Eva Montesinos y Costa Cruceros o Pullmantur saliendo huyendo de Alicante, a mí lo que me preocupa es que, ahora que gestiona también Urbanismo, también los promotores salgan huyendo de la ciudad. Quien no ha sido capaz de gestionar un única área, no puede gestionar ahora ocho o nueve. Y si tienen que dejarlo en manos de los funcionarios es porque son incapaces y tienen que irse.
-Respecto al tema cruceros, ¿no le parece demagógico el argumento responsabilizar a alguien de decisiones que puede tomar cualquier empresa cada X años basándose en criterios comerciales para diversificar la oferta que plantea a sus clientes?
-A mí lo que preocupa son las razones que exponen para irse. Y cuando ambas dicen que Alicante no tiene interés, me preocupa, porque no lo dice cualquiera, sino dos de las principales navieras del mundo, y el resto de navieras lo escuchan. Y lo que no les interesa a ellas, tampoco les va a interesar al resto. Tenemos una empresa que gestiona la terminal de cruceros que se encarga de buscar y de traer, y un ayuntamiento que tiene que ofrecer lo que esa empresa está prometiendo que van a encontrar en Alicante. Si el ayuntamiento no cumple con su parte y las navieras no encuentran lo que se les había prometido, se van, y el problema es que se van diciendo que Alicante no tiene interés y eso a mí me duele porque no es cierto. Lo cierto es que el tripartito no ha hecho interesante una oferta como para que los cruceros se queden.
-Volviendo al debate sobre la judicialización. En la entrevista concedida hace un año, usted mismo defendía que al señor Llorens se le machacó con un tema por un delito parecido del que al final resultó absuelto. ¿No cree que puede suceder lo mismo con Echávarri?
-No, en absoluto. Aunque estemos tratando de un mismo tipo penal, una prevaricación administrativa, los argumentos no son en absoluto los mismos. Voy a poner el énfasis en una cuestión: lo grave del tema del fraccionamiento de Comercio es que se ha prescindido completamente de los técnicos y de los funcionarios. Es decir, toda la contratación se hizo al margen de los funcionarios y del aparato del ayuntamiento. Es que podían haberla hecho desde su casa. El auto de procesamiento pone el énfasis en las formas, como se hizo prescindiendo de la legalidad del ayuntamiento y eludiendo la intervención de los funcionarios. Las diferencias son enormes. Esto es especulativo, pero el escenario es muchísimo peor que el de cualquiera de los otros escenarios que se han planteado hasta ahora respecto a prevaricaciones administrativas. Por cierto, me gustaría aclarar que para el que tenga dudas de si la prevaricación administrativa es corrupción, le aconsejo que consulte la página web del Consejo General del Poder Judicial, que a la hora de catalogar los delitos de corrupción incluye expresamente el de la prevaricación administrativa.
