VALÈNCIA. (EP) El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, ha anunciado una "dura ofensiva legal" contra la Ley del Juego que aprobaron Les Corts el pasado mes de mayo y comenzará llevándola a las instituciones europeas ante el "duro golpe" que supone para el sector la obligación para los bares de disponer de un mando de activación de las máquinas tipo B, una inversión que aseguran no pueden asumir "tal y cómo están las cosas".
Así lo ha avanzado en el transcurso de unas jornadas celebradas en València en las que diversos profesionales del sector han analizado el impacto de la ley en la hostelería y el turismo, una norma sobre la que llevará a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un "exhaustivo informe jurídico en el que se cuestiona la legalidad de la implantación de un mando de activación y desactivación de las máquinas recreativas instaladas en los bares".
"El informe es muy contundente y señala que la obligación de este mando vulnera claramente la Constitución y la normativa europea de protección de datos y de libre competencia", ha señalado Molina, que ha lamentado que el Botànic "se haya negado a hablar de las consecuencias de esta medida en el sector hostelero antes, durante y después de la aprobación de la ley".
Los hosteleros han advertido que el sistema de activación-desactivación de las máquinas de tipo B requerirá la "actuación" del personal del local de hostelería para verificar la identidad del posible usuario de la máquina previa a su "activación", con lo que ello conlleva de posible conculcación del Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los hosteleros pedirán también la intervención de las instituciones europeas para garantizar la libre competencia ya que, mientras las máquinas tipo B instaladas en los bares tendrán que disponer de un sistema de activación "las entidades de juego público o semipúblico, sin necesidad de autorización administrativa previa, podrán instalar en los bares distintas tipologías de terminales expendedores de juego" sobre los que la Generalitat "no tendrá ningún tipo de intervención, otorgarán premios millonarios y podrá acceder cualquier tipo de usuario, sin ningún control".
El informe considera que esta distinción "estaría conculcando con claridad palmaria, el principio de interdicción de la arbitrariedad" y el de "libre competencia".
