Laterne recaudaba las donaciones a la campaña de Barberá sin que pasaran por el PP

VALENCIA. Rita Barberá consiguió cinco mayorías absolutas en Valencia, entre 1995 y 2011. El año 2007 supuso su triunfo más aplastante con 21 de 30 concejales, en unos comicios en los que ganó en todos y cada uno de los distritos de la ciudad y en casi todos los barrios. Su imagen y su campaña llegaron hasta el último rincón. Nadie en Valencia se quedó sin saber qué proponía Barberá para Valencia. Pero para ello, presuntamente, el PP hizo trampas. 

Unas trampas consistentes, según la investigación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, junto a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), adelantada en exclusiva por Valencia Plaza, en que empresas ‘donantes’ entregaran directamente sus aportaciones a la firma encargada de la campaña Laterne (LPC) y no al PP para evitar ser detectados.

El presunto blanqueo de 50.000 euros cometido por parte del Grupo Municipal en 2015 abrió una investigación que, por el momento, mantiene como imputados a todos los concejales y asesores del PP de Valencia de la legislatura pasada. A todos menos a cuatro asesores que se negaron a cometer el denominado pitufeo. Las declaraciones de los investigados abrieron una segunda línea de investigación del magistrado instructor añadiendo el delito electoral al de blanqueo de capitales. 

Ahora, ese delito electoral que constaba de donaciones ilegales que estaban reflejadas en una cuenta opaca del PP municipal, se suman las supuestas donaciones en 2007 por valor de más de tres millones de euros de empresas que tenían contratos con el Ayuntamiento de Valencia o intereses inmobiliarios en la ciudad.

Unas donaciones no reflejadas en las cuentas del Grupo Municipal, ni siquiera en las cuentas opacas, que no sólo apuntalarían el delito electoral sino que evidenciarían que las trampas para ganar las elecciones del PP, un PP dirigido con mano de hierro por Rita Barberá durante 24 años, fueron sistemáticas durante más de diez años. Si la investigación confirma lo que muestran los papeles, demostraría que al menos desde el año 2007 se vienen realizando unas prácticas ilegales para conseguir mayorías absolutas que, además, les habrían permitido seguir otorgando contratos a sus donantes.

La Operativa

El Grupo Municipal del PP dispuso presuntamente de tres millones de dinero que procedía de donaciones ilegales para financiar su campaña electoral del año 2007 y necesitaba poder utilizarlo sin ‘levantar la liebre’. No podía haber un rastro de sus trampas que diera pistas al resto de partidos y, por ello, utilizó presuntamente una empresa de confianza, Laterne (LPC), con la que contrató la campaña por un total de 150.000 euros, 20 veces menos de lo que finalmente se invirtió en la campaña, según las facturas de Laterne. 

Para conseguirlo, las empresas donantes entregaban el dinero a LPC y, una vez recaudado, Laterne pagaba a los proveedores de la campaña sin que los cientos de miles de euros pudieran ser vinculados en ningún momento al Grupo Municipal Popular de la ciudad de Valencia ni a ninguna de las personas responsables de las cuentas o la campaña electoral, ya que las aportaciones de las empresas nunca pasaban por las cuentas que manejaba la cajera del PP, Mari Carmen García-Fuster, ni mucho menos por las del PP Provincial.

De hecho, en las libretas contables del grupo que fueron intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) solo constan unos pagos de campaña que, ni de lejos, se acercan a lo que supuestamente costó finalmente que el nombre de Rita Barberá llegara a todos los barrios de la ciudad y hasta el último valenciano. Según las anotaciones de García-Fuster, en el mes de abril de 2007 se pagaron tres facturas por fotografías de la alcaldesa para campaña por valor de 7.220 euros, una factura de un chófer de 700 euros y cuatro facturas más por publicidad en medios de comunicación por un montante de 9.320 euros.