X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

Las bases de la subasta son claras, a diferencia del futuro del Hércules que se torna más oscuro

27/09/2017 - 

ALICANTE. Las bases de la segunda y última subasta convocada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en relación con el Hércules y su Fundación son claras.

El punto 14 de los 15 con que cuentan las mismas y que fueron publicadas el pasado 29 de agosto por el banco del Consell, establece que "serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos que pudieran estar pendientes, así como todos los gastos y honorarios notariales correspondientes al otorgamiento de la escritura pública de venta".

Desde el IVF no entienden cómo Juan Carlos Ramírez no contemplaba lo anterior, a la hora de formular su oferta, pero eso es lo que el empresario ha dejado meridianamente claro en la notaría.

Futuro oscuro

La negativa del empresario a firmar este martes comporta que la subasta quede desierta (podría retomarse el traspaso de la titularidad de los activos que integraban el lote pero en el marco ya de otro procedimiento, algo que ahora mismo parece harto complicado) pero tiene otras consecuencias que afectan directamente (la subasta no confería la propiedad del club ya que no se enajenaba la mayoría accionarial) al Hércules como son la falta de una solución al problema que representa la deuda con la Agencia Tributaria (Ramírez se ofreció a avalar el nuevo convenio con el fisco pero siempre y cuando fuera propietario del club) o el acuerdo con los acreedores ordinarios (estos tienen de plazo hasta el miércoles para adherirse a la propuesta de reconvenio formulada por el club pero la vigencia del mismo está condicionada a que se firme un nuevo convenio con la Agencia Tributaria).

Además, según ha revelado el IVF, el empresario ha llegado a amenazar con dimitir de su cargo de presidente si no se le eximía del pago de los cien mil euros a los que ascienden los honorarios e impuestos relacionados con la operación, algo a lo que los representantes del banco del Consell no solo se han negado, es que le han advertido que podía ser constitutivo de delito. 

Noticias relacionadas

next