Instalaciones de IFAVALÈNCIA. Esta vez será un acuerdo pendiente sobre la Institución Ferial Alicantina (IFA) el que provocará el enésimo retraso en la solución de la Generalitat a la deuda de los recintos feriales valencianos. La Conselleria de Hacienda y la de Economía tenían previsto elevar al pleno del Consell de este viernes sus respectivos decretos para asumir la deuda financiera de las ferias y declararlas de interés general, pero el departamento de Vicent Soler frenó a última hora su texto a la espera del pronunciamiento de IFA.
Esta circunstancia ha obligado a la institución alicantina a convocar una reunión extraordinaria de sus órganos de gobierno el próximo lunes. Según fuentes conocedoras de la negociación, para que la Generalitat asuma los 70 millones de la deuda de IFA se requiere un acuerdo previo de su patronato similar al que se alcanzó en Feria Valencia, que fue plasmado en un protocolo de intenciones en el que las conselleries de Hacienda y la de Economía, junto al Ayuntamiento y el propio recinto se comprometían con la hoja de ruta para rescatar al recinto.
El decreto de Hacienda y el de Economía, en particular el que servirá para liberar a Feria Valencia de la millonaria deuda que arrastra para que se la subrogue la Generalitat, son los primeros pasos previstos en ese protocolo.
Esta paralización dilata un poco más la puesta en marcha de esa hoja de ruta para reestructurar el recinto ferial valenciano, pactada en mayo del año pasado entre todas las partes implicadas. Diversas circunstancias han impedido su puesta en marcha desde entonces, pero el bloqueo obedece sobre todo a las discrepancias entre Hacienda y Economía sobre si la gestión de Feria Valencia de ahora en adelante ha de ser de mayoría privada, como quiere Hacienda, o pública, como aspira Economía.
La Conselleria de Hacienda y la de Economía acordaron hace apenas tres semanas reactivar los procesos pendientes para superar el bloqueo. Fue tras un encuentro entre el director del IVF y responsable del diseño financiero de la operación, Manuel Illueca, y el director general de Comercio, Natxo Costa.
La redacción definitiva del decreto de asunción de deuda estaba pendiente entonces de los informes de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención de la Generalitat antes de elevarlo para su aprobación en el pleno del Consell. Mientras, el decreto de Economía ya contaba con todos los informes preceptivos.
Tal y como quedó finalmente redactado, en el decreto no se fija cómo han de repartirse los porcentajes en el capital de la sociedad mixta que se constituirá para explotar el negocio. Sí que se fijó, no obstante, que la empresa que se constituya quedará fuera del perímetro SEC de la Generalitat. Esto es, que su deuda no computará como deuda de la administración, lo que necesariamente implica que la participación pública en el capital tendrá que ser inferior al 50%.
Ello no significa, no obstante, que la participación mayoritaria haya de estar en manos de un único socio privado. La Conselleria de Economía, de hecho, ha defendido en varias fases del proceso que su prioridad sería dar entrada a socios privados locales en el capital, una suerte de participación bisagra que permitiría a la Generalitat mantener cierto control sobre la gestión sin tener necesariamente una participación mayoritaria.
