Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La Intervención General de la Generalitat Valenciana ha detectado desde 2009 una total falta de control por parte de la Conselleria de Sanidad sobre el Hospital de Dénia, público de gestión privada, en línea con lo señalado por la Sindicatura de Comptes sobre el Hospital de Manises. Así lo asegura en informe "provisional" –sujeto a cambios tras las alegaciones– de la auditoría económica realizada a petición de la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón, donde nadie queda exento de culpa.
El informe provisional, al que ha tenido acceso Alicante Plaza, ha sido elaborado por la Viceintervención General de Control Financiero y Auditorías. Contra el mismo ha presentado alegaciones Marina Salud, que, según ha informado la empresa a este periódico, rechaza muchas de sus conclusiones y advierte de que "se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas que pueda proceder en caso de que se mantengan algunas informaciones temerarias que figuran en el documento", en referencia a las acusaciones de posible estafa.
La primera gran discrepancia es que en nada se parece el cálculo de las liquidaciones realizado por la Viceintervención con el de la Comisión Mixta formada por la Conselleria y la empresa para el seguimiento de la concesión. La Viceintervención señala que entre 2009 y 2013 Marina Salud, concesionaria del hospital, debería abonar 107,6 millones a la Generalitat, mientras que la Comisión Mixta ofrecía una cifra de 103.667 euros a favor de la empresa.
Actualmente, la Conselleria de Hacienda estudia el coste de la posible compra de acciones de Marina Salud a DKV –tiene el 65%– para poder revertir la concesión y, en alguna ocasión, se ha insinuado una permuta entre la deuda de la concesionaria y las acciones. Este nuevo cálculo pone en una situación interesante ese planteamiento, al elevar la cantidad a favor de la Generalitat en prácticamente 100 millones respecto a lo calculado inicialmente.
¿Por qué esta disparidad en las liquidaciones? Según explica el informe provisional, la fórmula utilizada para el cálculo por Sanidad no se ajusta a la literalidad de los pliegos, existen decisiones de la Comisión Mixta que son inválidas por no ser competente para tomar esas decisiones e incluso hay errores en la actualización de las cápita –pago anual que hace Sanidad por cada habitante del área de salud– que provocan que las cifras difieran en una cantidad notable.
Entre las irregularidades señaladas por la Intervención, destaca un hecho que el autor del informe califica como posible "estafa" en el que implica a DKV, accionista mayoritaria de la UTE. Se trata del cobro de tasas sanitarias a terceros –población sin cobertura, por ejemplo, extranjeros con seguro privado–, algo que según la Intervención es potestad exclusiva de la Generalitat.
Según documentación e información aportada por la Generalitat, Marina Salud facturaba el acto médico a empresas intermediarias que posteriormente facturaban los servicios médicos al paciente atendido a un coste muy superior, en algunos casos, al derivado de la aplicación de la Ley de Tasas, que sería el que debería aplicar el concesionario.
Esta forma de proceder fue en un primer momento desarrollada a través de la empresa Gestitursa y posteriormente, finalizada la relación contractual entre la concesionaria y la citada empresa, se continuó realizando la misma operatoria a través de la sociedad DKV Servicios.
El informe provisional señala que la situación también es culpa de la Administración, al ser la encargada de realizar el cobro y retribuirlo después al concesionario. "Ejerce funciones que legalmente le corresponden a la Administración en relación con la gestión, liquidación y recaudación de tasas de asistencia sanitaria", explica.
"Resulta cuanto menos sorprendente que se pueda llegar a cuestionar la actuación de Marina Salud cuando las facturas a las que se refiere el documento están directamente relacionadas con población no protegida cuya atención sanitaria es asumida por sus correspondientes seguros privados, pues si así no fuera este coste económico debería ser soportado por la administración sanitaria valenciana", aseguran desde la concesionaria en un comunicado remitido a Alicante Plaza.
No obstante, Marina Salud reconoce que no compartía la forma de actuar de Gestitursa, razón por la cual resolvió el contrato de la prestación de servicios. De hecho, según explica la compañía en sus alegaciones, el reproche por la facturación de los servicios también terminó con un pleito entre Marina Salud y Gestitursa que ganó la concesionaria en dos sentencias. "Estas sentencias, junto con nuestras alegaciones, fueron aportadas ante la Conselleria de Sanidad y no se citan en el Informe Provisional", se lamenta Marina Salud.
Y añade: "Todos estos juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales han analizado distintos supuestos de prestación de servicios sanitarios a población no protegida, muchas veces con ciudadanos extranjeros y compañías de seguros de por medio, pero en ningún caso han considerado que el cobro por la prestación de estos servicios sanitarios merezcan el más mínimo reproche legal, nunca nadie ha planteado un posible delito de estafa, salvo el funcionario del área de gestión presupuestaria de la Conselleria de Sanidad que efectuó tal temeraria acusación y, ahora, el autor de este Informe Provisional".
El descontrol estuvo presente desde el primer momento. Y es que según señala la Viceintervención, la formalización del contrato se realiza con una sociedad anónima, Marina Salud –65% de DKV y un 35% de Ribera Salud–, con personalidad jurídica y régimen de responsabilidades distintas a los de las adjudicatarias que tomaron parte en la licitación.
Este hecho, según explica el informe, tiene como consecuencia que la garantía y responsabilidades del concesionario frente a la Administración se ven mermadas respecto a las garantías inicialmente previstas por los pliegos. La responsabilidad de la concesionaria frente a la Administración queda limitada al importe de la fianza del contrato, 7 millones de euros, y el patrimonio de Marina Salud, mientras que el pliego prevé responsabilidades solidarias de las sociedades constituyentes.
La Conselleria de Sanidad encargó una auditoría externa para comprobar si Marina Salud había cumplido el plan de inversiones contemplado en el contrato. La auditoría concluía que "el importe de las inversiones realmente ejecutadas (111.946.812 euros) es superior al propuesto inicialmente por el concesionario (96.644.121 euros)". También al mínimo exigido en el pliego del concurso, 80 millones.
Sin embargo, la Viceintervención resta valor en su informe a dicha auditoría y destaca que tampoco hay control sobre las inversiones realmente realizadas. No existe, según el viceinterventor, un inventario de bienes a efectos de cuantificar las inversiones realizadas ante una posible reversión, además de que no existe el plan anual de inversiones y actas que requieren los pliegos. "No se han confeccionando los documentos básicos de control y de inversiones" señala.
La Viceintervención también insiste en numerosas ocasiones en las extralimitaciones de la Comisión Mixta –algo que también señaló la Sindicatura de Comptes respecto al Hospital de Manises–, ya que solo puede apoyar en el control a la Administración, pero no proponer liquidaciones ni tomar decisiones. De hecho, cuestiona si es legal los acuerdos aplicados y critica la dejación de funciones por parte de la Administración.
Entre las recomendaciones realizadas en el informe, se encuentra la necesidad de articular un procedimiento claro y definido para iniciar, instruir, proponer y resolver por el órgano de contratación las liquidaciones anuales, desde quién tiene la competencia a los plazos y trámites a realizar.
